La pobreza es una violación de los Derechos Humanos

El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Como es habitual, en torno a esta fecha, no dejaremos de escuchar alegatos sobre la importancia de la lucha contra la pobreza, de acabar con la desigualdad y de ayudar al desarrollo de los países que más lo necesitan. Sin embargo, deberíamos lanzarnos una pregunta: ¿Realmente queremos acabar con la pobreza? Desde la sociedad civil, la respuesta a esta cuestión resulta bastante clara: Sí. No obstante, parece que quienes cuentan con los mecanismos para actuar contra la pobreza, la desigualdad y sus negativos efectos sobre los Derechos Humanos, no están dispuestos a combatirla.

El pasado mayo, la Relatora Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos presentaba un informe en el que señalaba que los impuestos son elementos determinantes para luchar contra la desigualdad, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo de los Derechos Humanos. En su informe, destacaba como esencial que sean los Derechos Humanos los que guíen las prácticas de recaudación de ingresos por parte de los Estados. Según la Relatora, las políticas fiscales y los mecanismos de recaudación pueden fortalecerse a través de un enfoque basado en los Derechos Humanos. Asimismo, deben ser los principios de igualdad, no discriminación y la obligación de cooperación y asistencia internacional los que den forma a las políticas fiscales. 

Por lo tanto, no sólo es importante una política fiscal realmente redistributiva que reduzca la desigualdad, también es necesario que los ingresos recaudados se destinen a políticas concretas de lucha contra la pobreza. La semana pasada, la Alianza Española contra la Pobreza, plataforma que agrupa a más de mil organizaciones, denunciaba que la reforma fiscal aprobada por el Gobierno español fomenta la desigualdad y viola los Derechos Humanos. Un dato alarmante si tenemos en cuenta que España es el segundo país más desigual de toda la Unión Europea.

A pesar de que la situación en España es preocupante, no podemos olvidarnos de aquellas zonas del planeta donde la pobreza se ha incrustado en el día a día de las personas. Si los datos sobre pobreza en nuestro país son pavorosos, en las zonas más desfavorecidas del planeta son el vivo ejemplo de nuestros fallos como sociedad y de la escasa importancia que otorgamos a los Derechos Humanos. En esta línea podemos fijarnos en herramientas habitualmente demandadas para luchar contra la pobreza mundial como es el caso de la conocida como Tasa Robin Hood, un impuesto destinado a las transacciones que realizan las entidades financieras entre sí. En este momento, once países de la Unión Europea, entre ellos España, trabajan para implantar el Impuesto sobre las Transacciones Financieras en el próximo año.

Aunque existen abundantes figuras tributarias globales que podrían destinarse a trabajar por el fin de la pobreza mundial, es necesario también luchar con problemas como los paraísos fiscales, la especulación financiera y los abusos de las empresas transnacionales. Como señala Irene López, de InspirAction, "de nada vale la ayuda si no se cambian las reglas del juego del comercio y de las finanzas mundiales, que perjudican a los países empobrecidos".

La lentitud en aprobar medidas contra la pobreza, contrasta con la facilidad con la que se producen normas para favorecer la desregulación de los mercados o la escasa lucha contra los paraísos fiscales. Los países desarrollados tardan en aplicar medidas como el Impuesto a las Transacciones Financieras mientras son rápidos en desarrollar políticas de liberalización de la economía como el Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés). Un acuerdo que, según varias asociaciones, podría poner en peligro los servicios públicos y que, por ejemplo, permitirá a las grandes corporaciones demandar a los Estados si sus legislaciones no les permiten obtener los beneficios deseados. Se trata, además, de una negociación que se está llevando a cabo de forma poco transparente y de espaldas a la ciudadanía. 

Acuerdos como el TTIP nos recuerdan que vivimos en un mundo interconectado. Pero cuestiones como la crisis del ébola nos han hecho conscientes de que los problemas que se producen lejos de nuestras fronteras no nos son tan ajenos. Con todo, el ébola no es la principal causa de muerte en África, enfermedades como las diarreicas son la tercera causa de muerte en los países del Sur. Lo que pone de relieve que la pobreza es el principal problema y destaca la importancia de la Ayuda Social al Desarrollo (AOD). Una ayuda que, desde el inicio de la crisis, se ha ido reduciendo en España. Nuestro país ha recortado un 70 por ciento en cooperación en los últimos tres años. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 anuncian un aumento del 5 por ciento. Una cifra que resulta irrisoria si la comparamos con la reducción a la que había sido sometida durante estos años. España destinará 1.797,55 millones de euros a Ayuda Oficial al Desarrollo, lo que supone un 0,17 por ciento de la Renta Nacional Bruta, muy lejos del objetivo del 0,7 por ciento y muy por debajo de la media europea, un 0,5 por ciento. Mientras, países como Irlanda o Portugal, destinan un 0,48 y un 0,27 por ciento, respectivamente.

Ante este panorama, de poco sirve que la sociedad civil no descanse en ofrecer soluciones a problemas como los aquí enumerados, si no se cuenta con voluntad política para aplicar las herramientas necesarias para solucionarlos.

Consulta el Manifiesto #17O de la Alianza Española contra la Pobreza


FUENTE: FIBGAR (PRO DERECHOS HUMANOS Y JURISDICCIÓN UNIVERSAL)