El Gobierno cierra filas ante la ONU y recurre a la Ley de Memoria Histórica que dejó sin fondos

PUBLICADO POR PÚBLICO | Alejandro Torrús | 10-09-2014

Cierre de filas total y absoluto.

Ante el duro informe del relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, el Gobierno español ha reaccionado matando al mensajero en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. La representante de España ha calificado el informe a ratos de "erróneo", otras de "inexacto", así como ha acusado al relator de la ONU de "olvidar" reunirse con otras asociaciones de víctimas de la dictadura que consideran que "el mayor triunfo de sus pretensiones" ya se había logrado: "la consolidación de la democracia". Eso sí, no ha sabido concretar a qué asociaciones se refería tras ser preguntada por víctimas de la dictadura al término de la reunión.

Así, la representante de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Ana María Menéndez, ha llevado a cabo una encendida defensa de la Transición, de la Ley de Amnistía y el papel del Poder Judicial respecto a la impunidad de la dictadura franquista. Menéndez ha esgrimido que las víctimas pueden acudir a los tribunales por la vía contencioso-administrativa para negar que exista la impunidad judicial del franquismo y ha sacado a flote la Ley de Memoria Histórica como un conjunto de medidas de "reconocimiento y de carácter simbólico" para las víctimas, a pesar de que el Partido Popular la anuló de facto dejándola sin fondos. De hecho, las exhumaciones se están realizando con voluntarios y con el dinero de los familiares de las víctimas.

El principal argumento del Gobierno del Partido Popular ante la ONU se ha sustentado en el consenso político de la Transición y en el convencimiento de que "el olvido y el perdón" eran la única vía para "la reconciliación". "La Transición española es un caso especial porque constituye una reconciliación nacional sin justicia penal de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias elegidas de manera libre y democrática", ha señalado Menéndez.

Ante la exposición de Menéndez, Pablo de Greiff, que ha leído previamente su informe, ha señalado que la asistencia y reparación de las víctimas "no es un asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino de principios y derechos que conciernen a todos. España puede hacer mucho más". Cabe destacar que ninguna víctima de la dictadura ha podido participar en un debate donde una vez más son la principal ausencia.

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en España y promotor de la llamada Querella Argentina, Jacinto Bonilla, ha querido destacar en declaraciones a Público que el relato de la representante española es "erróneo de raíz". 

"Esta justificando el no cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre otras, por motivos de conveniencia política en un momento dado como fue la Transición", señala Bonilla, que explica que confrontar "razones jurídicas con razones políticas", como ha hecho la representante española, es "negar el Estado de Derecho".

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha calificado en un comunicado como "lamentable" la internvención del Gobierno ante el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. "Resulta lamentable ver que en una democracia como la española, delitos de lesa humanidad, que no pueden prescribir por ninguna ley de amnistía, son archivados sin llevar a cabo la más mínima atención a los familiares que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver", ha asegurado Emilio Silva, presidente de la ARMH.

El viernes fue el turno para la exposición del informe que elaboró el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas en su visita a España durante el pasado mes de septiembre de 2014. La delegación tenía como objetivo esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas.

Las observaciones preliminares del grupo de trabajo fueron contundentes. Entre otras aseveraciones, el grupo instó al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que la Ley de Amnistía no sea un obstáculo. Además, recomendó al Gobierno a dotar de contenido y fondos la Ley de Memoria Histórica y a colaborar con las asociaciones memorialistas y de víctimas. Así lo explicó el autor del informe, Ariel Dulitzky, en una entrevista concedida a Público.

Sobre este último informe se pronunció Alberto Ruiz Gallardón en el pleno del Senado. El entonces ministro de Justicia señaló que el Gobierno "discrepa claramente" con algunos aspectos que recogen los informes de la ONU sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, sobre todo, en la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.


FUENTE: Publico.es

Memoria: Por el derecho de las víctimas a la Justicia

Por Jaime Ruíz, Presidente de AMESDE y miembro de la Plataforma Comisión de la Verdad

Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936/1977) siguen siendo más de 2.300, más de 30.000 niñ@s robad@s, detenid@s, torturad@s, perseguid@s y ejecutad@s en juicios sumarísimos, suman más de 2.000.000 de víctimas de la dictadura franquista. No pueden ni deben quedar en el olvido. Éstas, en el caso de los crímenes de derecho internacional, tienen derecho a recurrir a jurisdicciones penales adicionales distintas de la jurisdicción nacional. Las víctimas tienen un derecho imprescriptible a la justicia penal en el marco de la jurisdicción universal. Y los estados están obligados a respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los Derechos Humanos.

El derecho a la verdad en materia de violaciones manifiestas de los derechos humanos es un derecho inalienable y autónomo, vinculado al deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos y a su obligación de efectuar investigaciones eficaces y garantizar recursos efectivos y reparación apropiada. Este derecho está vinculado con otros derechos y tiene aspectos tanto individuales como colectivos, y ha de considerarse un derecho intangible que no debe estar sujeto a restricciones. Desde el punto de vista conceptual, este derecho ocupa un lugar central y básico en el contexto de la lucha contra la impunidad y de la búsqueda de la justicia. El derecho a la verdad surge como uno de los tres pilares de los principios contra la impunidad, junto con el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación.

Un mecanismo importante para enfrentar abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado es el de la Comisión de la Verdad. Estas comisiones son órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos, derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años. Se ocupan en particular de las víctimas y concluyen su labor con la presentación de un informe final sobre las conclusiones de su investigación y sus recomendaciones. Han sido creadas más de 40 en distintos países con adecuaciones a cada una de sus realidades, todas con la pretensión de dar a las víctimas de estas violaciones, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se establece en los principios (19 al 23) y con las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición.

Las Comisiones de la Verdad prestan una valiosa ayuda a las sociedades con posterioridad a un conflicto al constatar hechos relacionados con infracciones de los derechos humanos en el pasado, fomentar la rendición de cuentas, preservar las pruebas, identificar a los autores y recomendar indemnizaciones y reformas institucionales. Estas comisiones han de garantizar su independencia, la verosimilitud de sus integrantes, información pública y una estrategia de comunicación sólida, de considerar las cuestiones de género, mostrarse solidarias con las víctimas de delitos o discriminación y contar con un claro apoyo internacional.

La Plataforma por la Comisión de la Verdad, en base a todo lo anterior, ha solicitado al Parlamento Europeo que condene los crímenes del franquismo e inste al gobierno español a la creación de una Comisión de la Verdad. Recordando que el Consejo de Europa (17 de marzo de 2006) ya recomendó a España la creación de una comisión de la verdad; al igual que el GT sobre desapariciones forzadas de la ONU ha hecho en un informe preliminar después de su última visita a nuestro país. Todo ello demuestra y anima a la Plataforma por la Comisión de la Verdad, formada por más de 100 entidades sociales, a seguir trabajando en sus peticiones, claramente fundamentadas y ante la evidencia de la inacción de los órganos judiciales españoles, los obstáculos que se ponen a las acciones judiciales iniciadas por otros países (Argentina), anulación práctica de la insuficiente ley de memoria y el silencio y opacidad del gobierno de la nación.

FUENTE: FIBGAR

Asociaciones piden "investigar crímenes del franquismo"

Exigen "recuperar la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura para coordinar la exhumación de desaparecidos"

Organizaciones y asociaciones que han participado en los IV Encuentros Transforentizos "Navarra ganando Memoria" han firmado un documento en el que solicitan al Gobierno de España y a las Cortes Generales la creación de "una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo con objeto de que investigue aquellos dramáticos hechos y sirva para reparar de manera integral a las víctimas, a los resistentes y los presos de la dictadura".

Así lo han reclamado en un documento que han firmado Círculo Republicano de Jaca, el Círculo Republicano de Huesca, la Fundación Bernardo Aladren-UGT Aragón el Foro por la Memoria de Aragón, la Asociación Pozos de Caude de Teruel, la asociación Salamanca, Memoria y Justicia, Pueblo de las Viudas de Sartaguda, Sociedad Txinparta, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Terres de Memories et Luttes TML de Oloron Sainte Marie, Memoire de l'Espagne Republicane de Pau, IRIS-Memoires de Espagne de Toulousse, AY Carmela de Burdeos y Fundación María Domínguez.

En el texto censuran "el desamparo jurídico en que se encuentran las víctimas del franquismo y la causa de la memoria histórica tras la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2010 que inhabilitaba al juez Garzón por haber iniciado el sumario 53/2008 E relativo a la investigación de los crímenes del franquismo, así como por las últimas decisiones del Gobierno del PP que han supuesto una grave involución de las políticas públicas de la memoria en España".

Las asociaciones firmantes reclaman "la búsqueda de la verdad histórica en oposición al revisionismo que pretende imponer en materia política, judicial y educativa la derecha en el poder" y llaman al Gobierno central a que "cumpla las recomendaciones ratificadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 10 y 12 de septiembre pasado referentes al informe del Relator especial de Greiff para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No repetición y del Grupo de Trabajo de Desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) elaborados sobre los crímenes de la dictadura franquista".

Además, defienden que "por razones de dignidad, justicia y reparación histórica, resulta imprescindible, también en estos tiempos de crisis y ajustes presupuestarios, que las administraciones públicas mantengan los programas y actuaciones destinados a la recuperación de la memoria histórica, la guerra civil, la guerrilla, la dictadura, el exilio, dotándolos de los recursos necesarios". En este sentido, creen "imprescindible" que el actual Gobierno de España "mantenga en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y siguientes la partida presupuestaria destinada a la memoria histórica".

Igualmente, exigen al Ejecutivo central que "recupere la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que tiene por misión coordinar la exhumación de desaparecidos y que fue suprimida por el Gobierno del PP en marzo de 2012".

Por otra parte, el documento firmado insta a las Cortes Generales y a los distintos Parlamentos y órganos legislativos autonómicos a que "en sesión solemne y plenaria realicen un homenaje institucional a las víctimas de la dictadura franquista, en la línea de la resolución sobre el recuerdo, reconocimiento y reparación moral de las personas fusiladas y represaliadas durante la guerra civil en Navarra, aprobado por el Pleno del Parlamento de Navarra en 2003".


"DEFICIENCIAS EN LA LEY"

Las asociaciones también muestran sus "discrepancias" ante "las lagunas y deficiencias de la vigente Ley 52/2007 de la Memoria Histórica estatal, la cual ha decepcionado las expectativas que inicialmente se pusieron en ella".

Por ello, instan a los diputados de izquierdas a que "impulsen y apoyen" iniciativas parlamentarias tendentes, entre otros objetivos, a "la resolución de los problemas jurídicos demandados por las víctimas; exigir que todas las exhumaciones de fosas que se lleven a cabo se realicen con garantías jurídicas legales; y acabar con la impunidad de los victimarios".

No obstante, destacan, "en tanto no sean subsanadas estas insuficiencias de la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, reclamamos su plena aplicación y, en particular del artículo 15 de la misma referente a la supresión de la toponimia y simbología franquista en todas las ciudades y pueblos de España".


SOBRE LAS PLACAS Y MEMORIALES FRANQUISTAS

Las asociaciones también llaman al Gobierno de España y a los distintos Gobiernos autonómicos a que "acuerden con la Iglesia Católica la desaparición de todas las placas y memoriales franquistas existentes en sus templos y, de no hacerlo, que dichos edificios religiosos no sean beneficiarios de ningún tipo de subvención o trabajos de restauración de los mismos con cargo a los presupuestos públicos, bien sean éstos estatales o autonómicos".

Asimismo, instan al Ejecutivo central a "la retirada, a la mayor brevedad posible, de los restos de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos" y le exigen que "facilite la identificación y posterior devolución de los restos de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, tal y como durante años llevan reclamando sus familias".

En el caso particular de Navarra, piden "la retirada de los restos de los generales liberticidas Emilio Mola Vidal y José Sanjurjo Sacanell, así como los de los cinco requetés allí enterrados en representación de las merindades navarras, de la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona". También solicitan "abordar la conversión del Fuerte de San Cristóbal en Lugar de la Memoria".

Finalmente, consideran que "tanto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como los distintos departamentos y consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas, deben potenciar, en sus respectivos currículums y temarios, los contenidos didácticos  que permitan el estudio de lo que supuso la República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, el exilio y la deportación a los campos nazis en relación a la historia de España".

FUENTE: Europa Press