El borrón y cuenta nueva que supuso la vegonzosa Ley de Amnistía, convirtiendo a los asesinos en intocables ante la justicia, para nada impide que el daño causado por ellos se repare en la medida de lo posible.
A nadie puede engañar el PP en el tema de la Memoria Histórica. Un año más la ley (LMH) queda sin presupuesto, sin dotación económica en los Presupuestos Generales. Antes de llegar al poder, Rajoy ya anticipó que no iba a dar ni un solo euro para que esta Ley pudiese cumplirse. Ya en 2007, recién aprobada la ley, prometió derogarla cuando llegase al poder, finalmente, de momento, no la ha derogado pero la ha dejado sin presupuesto desde que llegó a Moncloa, que para el caso es lo mismo, y suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, encargada de coordinar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos.
La escusa esgrimida de la situación económica no tiene defensa alguna, máxime si tenemos en cuenta las subvenciones que se dan cada año a "fundaciones" como FAES (758.000 euros) o la Pablo Iglesias del PSOE (405.000 euros). Si lo anterior no es suficiente, por poner otro ejemplo de los muchos que hay, para nada influye la crisis en la donación anual (con dinero de todos) a la Iglesia Católica, una donación con la que con el importe de un solo mes ya se supera el total recibido por la LMH desde 200, en siete años.
Quiero incidir también en mi rechazo total a la repugnante calificación como "ayudas" a las víctimas, de un dinero destinado a cubrir unos gastos de exhumación e identificación que deberían correr íntegramente a cargo del Estado, ya que es el Estado el responsable de hacer justicia y reparar los daños ocasionados por esa España que lo sigue siendo.
Buena parte de la opinión pública se manifiesta en contra de destinar partidas económicas para un asunto al que incluso califican de, no sólo innecesario, sino también de suponer la apertura de unas heridas que deberíamos haber cerrado en 1978. Los que esto predican no se encuentran entre los herederos de las víctimas, la mayoría se encuentran entre los herederos de los verdugos. Cuarenta años tuvo el franquismo para hacer "justicia" a sus víctimas, todas fueron reconocidas y sus herederos y familias debidamente pensionados por el Estado, incluso haciéndoles merecedores de ciertos privilegios de todo tipo. Unas pensiones y unos privilegios que pagamos entre todos los españoles. No parece pues razonable que hoy se obstaculice a los herederos de las víctimas republicanas de la guerra civil y del franquismo al menos la posibilidad de dar digna sepultura a sus antepasados. Hacerlo como lo hace el Partido Popular sí que, desde luego, supone no ya la apertura de heridas, sino aumentar la ya de por sí extrema gravedad de las mismas.
El borrón y cuenta nueva que supuso la vergonzosa Ley de Amnistía, convirtiendo a los asesinos en intocables ante la justicia, para nada impide que el daño causado por ellos se repare en la medida de lo posible. Es más, en dicha Ley, se debería haber incluido el reconocimiento a las víctimas, su localización, exhumación e identificación, que menos a cambio de "archivar" cientos de miles de crímenes. Si me apuran, los llamados padres de la Constitución, teniendo en cuenta de donde veníamos y venimos, bien podrían haber articulado en su texto los derechos de esas víctimas que lo fueron y que lo siguen siendo. Pero no, ni una cosa ni la otra, tuvimos que esperar 30 años desde el perdón oficial a Franco y a los franquistas para que el PSOE sacara adelante la Ley de Memoria Histórica, una ley con muchas carencias y errores pero que al menos promovía, entre otras cuestiones, la dignificación de los injustamente asesinados y hechos desaparecer.
El Partido Popular luchó con todas sus fuerzas para que la LMH no viera la luz, una vez aprobada sigue luchando con todos los medios a su alcance para que no se cumpla, no ya en lo relativo a las exhumaciones sino también en lo que atañe a la provocadora presencia en nuestras calles y edificios de los más rancios símbolos de la dictadura, símbolos que son ilegalmente protegidos por aquellos alcaldes nostálgicos del franquismo que abundan y mucho en las filas del Partido Popular y casos aislados entre los del PSOE como el del alcalde de Vigo.
Desde mi ignorancia jurídica me atrevería decir que el Gobierno que preside Rajoy está cometiendo un delito de prevaricación cuando impide que una ley se pueda desarrollar y cumplir sin más motivos que sus propios intereses. Acudir a la falta de medios económicos es una escusa burda. La dotación inicial que el PSOE fijó para esta ley en 2008 fue de 6 millones de euros, una cantidad que hoy representa escasamente un 0,6% de los presupuestos generales, dotación sobre la que se pueden admitir recortes en base a la situación económica, pero que de ninguna manera dichos recortes pueden ser del 100%.
Una actuación, la del Gobierno de Rajoy, que no puede ser más que el fruto de su vocación franquista, tardofranquista o neofranquista, no hay otra explicación posible. Los organismos internacionales condenan unánimemente que aún hoy en día existan fosas comunes repartidas por toda la geografía española y de forma contundente exigen al Gobierno español que se ponga fin a esta situación. La respuesta del Gobierno ha sido, una vez más, dejar la LMH sin dotación presupuestaria. Para ellos las víctimas republicanas de la guerra civil no existen. Existen para ellos las de ETA, las del 11M..., producto de acciones terroristas, pero no las provocadas por el franquismo en ejercicio de un auténtico terrorismo de Estado que se prolongó durante 40 años, vulnerando desde principio a fin la Declaración Universal de Derecho Humanos.
Ante este nuevo agravio, ¿qué debemos hacer? ¿Callar y padecerlo? Desde 2011 un pequeño grupo de ciudadanos y ciudadanas se reúnen cada jueves en la Puerta del Sol de Madrid manifestándose por la impunidad de los crímenes franquistas, reclamando justicia y reparación para las víctimas, apenas un par de docenas de personas pidiendo justicia para cientos de miles de españoles y españolas. Nadie les hace caso, pero desde sus convicciones y su inalterable memoria saben que son necesarios y necesarias, que son todo un ejemplo moral y así, con su tenacidad, hacen realidad la frase de Bertolt Brecht:
"Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles".
Las calles españolas no exigen que la LMH se cumpla. Hay "mareas" que justamente reivindican derechos y libertades de todo tipo, pero ninguna que reclame la dignificación de los republicanos/as arrojados/as a fosas comunes y cunetas con un tiro en la nuca. La solidaridad con estas víctimas simplemente no existe. Los medios de comunicación callan, los políticos también. Sólo los descendientes de las víctimas luchan a través de las asociaciones para la Memoria Histórica (con mayúsculas), una lucha que ya debería haber terminado y que se presume interminable.
Si las fuerzas políticas de la oposición lo estiman "conveniente" bueno sería que por todos los medios a su alcance forzaran al Gobierno a incluir la dotación para la LMH en los presupuestos que se están debatiendo en el Congreso, no hacerlo les convierte en cómplices de esta, para mí, prevaricación.
Benito Sacaluga
.jpg)
