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lunes, 17 de agosto de 2015

79 Años del Fusilamiento de Federico García Lorca (I)


Mañana se cumplirán 79 años que estamos, que nos dejaron sin un gran poeta, sin una gran persona; 79 años de un crimen, de uno más entre otros miles... que sesgaba la vida de unos de los grandes poetas y dramaturgos de las letras españolas, máxime figura de la Generación del 27.

Desde aquí, queremos hacerle un pequeño homenaje a este poeta que, aunque internacionalmente conocido, supo llevar la cultura al pueblo, y supo decir como nadie las grandes miserias de España. 

En la madrugada del 18 de agosto de 1936, mañana hará 79 años, Federico García Lorca fue fusilado junto a un olivo en la carretera que une las localidades de Víznar y Alfacar. Se trataba del final de una historia llena de rivalidades políticas en la ciudad en la que habitaba "la peor burguesía de España", como dijo el poeta. También fue el comienzo de otra historia plagada de silencio, un tiempo de fosas cerradas sobre las que se dejaban piedras, desmemoria y vergüenza (El País, 10 de diciembre de 2009). 

Para rendir este pequeño homenaje nos vamos a servir de una de las obras más estremecedoras que se hayan escrito sobre el hecho de su muerte, el poema "El crimen fue en Granada", escrito por otro grande de la literatura española, Don Antonio Machado, en 1937:

EL CRIMEN FUE EN GRANADA: A FEDERICO GARCÍA LORCA

          1.El Crimen

     Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos; 
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
-sangre en la frente y plomo en las entrañas-
... Que fue en Granada el crimen
sabed -¡pobre Granada!-, en su Granada.

          2.  El poeta y la muerte

     Se le vio caminar solo con Ella,
sin miedo a su guadaña.
-Ya el sol en torre y torre, los martillos
en yunque- yunque y yunque de las fraguas.
Hablaba Federico,
requebrando a la muerte. Ella escuchaba.
"Porque ayer en mi verso, compañera,
sonaba el golpe de tus secas palmas,
y diste el hielo a mi cantar, y el filo
a mi tragedia de tu hoz de plata,
te cantaré la carne que no tienes,
los ojos que te faltan,
tus cabellos que el viento sacudía,
los rojos labios donde te besaban...
Hoy como ayer, gitana, muerte mía,
qué bien contigo a solas,
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!".

           3.

     Se le vio caminar...
                          Labrad, amigos,
de piedra y sueño en el Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!



FUENTES: El País, Wikipedia, Google, federicogarcialorca.net

viernes, 27 de febrero de 2015

La memoria silenciada de los crímenes franquistas en Córdoba


El documental Dejadme llorar. El genocidio olvidado rescata los testimonios de las víctimas del franquismo en Córdoba y su provincia donde se contabilizaron más de 12.000 muertes.


"No se podía llorar a los muertos, no se podía hablar de ello, el miedo lo invadía todo. Durante los cuarenta años del franquismo estas familias estuvieron siempre marcadas y ahora, otros cuarenta años de democracia después, aún no se les ha reconocido como víctimas de las atrocidades más horribles". Las palabras del periodista Jordi Gordon relatan la realidad silenciada de las miles de víctimas del franquismo en Córdoba y su provincia a las que trata de dar voz en su documental Dejadme llorar. El genocidio olvidado para rescatar de la memoria callada los hechos que acaecieron en Córdoba durante el régimen.

El documental cuenta como narrador con la voz del historiador Francisco Moreno que, durante 35 años, ha dedicado su investigación a recoger testimonio y desentrañar los crímenes que el franquismo llevó a cabo en Córdoba y su provincia, donde se contabilizaron más de 12.000 personas asesinadas, casi todas ellas en los primeros quince años de la dictadura.

Junto a la narración de los hechos, las voces en primera persona, los testimonios de las víctimas que aún viven, de quienes entonces eran niños y ahora en su vejez aún no han visto reconocido el sufrimiento que vivieron "arrebatados de los brazos de sus padres asesinados, les quitaron la familia, les despojaron de sus bienes, los arrojaron a la miseria, sin sus casas, les quitaron sus vidas", cuenta Gordon.

"Aún hoy hay 4.000 cadáveres enterrados en fosas comunes en los cementerios de San Rafael y La Salud -en la capital cordobesa- pero la memoria colectiva no lo conoce, se ha callado, se ha silenciado y olvidado", denuncia el periodista. Y aún hoy, apunta, "hay personas que cuentan que siguen viviendo con miedo, traumatizadas, sin que se les haya hecho justicia ni curado sus heridas".

Y en esta presentación del avance del documental, Gordon aprovecha para recordar que, en esta Córdoba, "una ciudad ligada siempre al encuentro, al diálogo, se haya tapado y silenciado el genocidio de miles de personas que no apoyaron el golpe militar" de Franco. "Nos olvidamos de lo que pasó aquí mismo", lanza como reflexión y apunta su constatación de que "en España hay víctimas de primera que son la del terrorismo, a las que se le hacen todos los reconocimientos, y víctimas de segunda que son las del franquismo a quienes nadie escucha".

Dejadme llorar. El genocidio olvidado -que estará terminado en esta primavera con la inclusión de los testimonios del juez Baltasar Garzón que quiso investigar los crímenes franquistas y de la jueza argentina María Servini que lo hace actualmente desde el país sudamericano- "es un grito en nombre de los Derechos Humanos", clama su director. "No sólo es un problema de memoria, es también un problema de solidaridad porque es hora ya de que la sociedad haga de una vez por todas sus tareas democráticas".



FUENTE: CORDOPOLIS

miércoles, 18 de febrero de 2015

El Gobierno cierra filas ante la ONU y recurre a la Ley de Memoria Histórica que dejó sin fondos

PUBLICADO POR PÚBLICO | Alejandro Torrús | 10-09-2014



Cierre de filas total y absoluto.

Ante el duro informe del relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, el Gobierno español ha reaccionado matando al mensajero en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. La representante de España ha calificado el informe a ratos de "erróneo", otras de "inexacto", así como ha acusado al relator de la ONU de "olvidar" reunirse con otras asociaciones de víctimas de la dictadura que consideran que "el mayor triunfo de sus pretensiones" ya se había logrado: "la consolidación de la democracia". Eso sí, no ha sabido concretar a qué asociaciones se refería tras ser preguntada por víctimas de la dictadura al término de la reunión.

Así, la representante de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Ana María Menéndez, ha llevado a cabo una encendida defensa de la Transición, de la Ley de Amnistía y el papel del Poder Judicial respecto a la impunidad de la dictadura franquista. Menéndez ha esgrimido que las víctimas pueden acudir a los tribunales por la vía contencioso-administrativa para negar que exista la impunidad judicial del franquismo y ha sacado a flote la Ley de Memoria Histórica como un conjunto de medidas de "reconocimiento y de carácter simbólico" para las víctimas, a pesar de que el Partido Popular la anuló de facto dejándola sin fondos. De hecho, las exhumaciones se están realizando con voluntarios y con el dinero de los familiares de las víctimas.

El principal argumento del Gobierno del Partido Popular ante la ONU se ha sustentado en el consenso político de la Transición y en el convencimiento de que "el olvido y el perdón" eran la única vía para "la reconciliación". "La Transición española es un caso especial porque constituye una reconciliación nacional sin justicia penal de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias elegidas de manera libre y democrática", ha señalado Menéndez.

Ante la exposición de Menéndez, Pablo de Greiff, que ha leído previamente su informe, ha señalado que la asistencia y reparación de las víctimas "no es un asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino de principios y derechos que conciernen a todos. España puede hacer mucho más". Cabe destacar que ninguna víctima de la dictadura ha podido participar en un debate donde una vez más son la principal ausencia.


El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en España y promotor de la llamada Querella Argentina, Jacinto Bonilla, ha querido destacar en declaraciones a Público que el relato de la representante española es "erróneo de raíz". 

"Esta justificando el no cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre otras, por motivos de conveniencia política en un momento dado como fue la Transición", señala Bonilla, que explica que confrontar "razones jurídicas con razones políticas", como ha hecho la representante española, es "negar el Estado de Derecho".

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha calificado en un comunicado como "lamentable" la internvención del Gobierno ante el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. "Resulta lamentable ver que en una democracia como la española, delitos de lesa humanidad, que no pueden prescribir por ninguna ley de amnistía, son archivados sin llevar a cabo la más mínima atención a los familiares que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver", ha asegurado Emilio Silva, presidente de la ARMH.


El viernes fue el turno para la exposición del informe que elaboró el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas en su visita a España durante el pasado mes de septiembre de 2014. La delegación tenía como objetivo esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas.

Las observaciones preliminares del grupo de trabajo fueron contundentes. Entre otras aseveraciones, el grupo instó al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que la Ley de Amnistía no sea un obstáculo. Además, recomendó al Gobierno a dotar de contenido y fondos la Ley de Memoria Histórica y a colaborar con las asociaciones memorialistas y de víctimas. Así lo explicó el autor del informe, Ariel Dulitzky, en una entrevista concedida a Público.

Sobre este último informe se pronunció Alberto Ruiz Gallardón en el pleno del Senado. El entonces ministro de Justicia señaló que el Gobierno "discrepa claramente" con algunos aspectos que recogen los informes de la ONU sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, sobre todo, en la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.


FUENTE: Publico.es

martes, 27 de enero de 2015

La Comisión pola Memoria Histórica reclama la retirada de 52 símbolos franquistas en la ciudad

Pazo de Meirás, en Sada
Solicita que se devuelva al patrimonio público el pazo de Meirás y la Casa Cornide.


La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica depositó esta mañana en María Pita una carta dirigida al alcalde a modo de moción para la retirada de la simbología franquista que todavía hay en la ciudad, y que va desde la retirada de los cuadros de regidores que gobernaron durante la dictadura, hasta el cambio de nombre de varias calles, así como los títulos de hijos adoptivos.

En total, en la moción, entregada por el secretario de esta entidad, Rubén Afonso Lobato, se solicita la eliminación de 52 símbolos franquistas. El texto, que se insta a refrendar en el pleno municipal, incluye 23 calles, 21 distinciones honoríficas, 4 nombres y placas de grupos de viviendas y otros 4 monumentos, placas y escudos.

Aunque algunos de estos símbolos, según reconoce en el texto, ya han sido retirados, la mayoría continúa, en especial los relativos a nombres de calles vinculados a la etapa de la dictadura franquista. En la moción se explica que el pleno municipal del 7 de septiembre de 2009 ya aprobó la eliminación de los 52 símbolos franquistas, aunque ésta no se llegó a completar. Solicita también la colocación de una placa en el Palacio Municipal de María Pita "que recuerde y honre a todas las personas que trabajaban en el ayuntamiento y que fueron asesinadas o represaliadas después de la sublevación militar de 1936" y también insta a que se recuerde a las personas que estuvieron en presidio por este motivo, se realice un reconocimiento institucional de las víctimas de la dictadura y se apoye la querella de Argentina para que se juzguen los crímenes del franquismo y la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.

Por último, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica reclama la devolución al patrimonio público de dos propiedades de los descendientes de Franco en la provincia: el pazo de Meirás, en Sada, y la Casa Cornide en A Coruña. 

Casa Cornide en A Coruña


FUENTE: La Voz de Galicia

lunes, 22 de diciembre de 2014

Ariel Dulitzky: "Se necesita abrir las fosas para poder cerrar las heridas"


El experto del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas cree que la Ley de Memoria Histórica necesita un cambio de "espíritu" y afirma que para que la Ley de Amnistía deje de ser un estorbo es suficiente con un cambio de interpretación de los jueces. 


Ariel Dulitzky es experto del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. Llegó a España el domingo de la semana pasada junto a Jasminka Dzumhur y hasta ayer, lunes, ha estado manteniendo reuniones con autoridades, víctimas de la dictadura franquista y expertos en legislación en materia de derechos humanos y memoria histórica. La labor del grupo ha sido la de examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas, y analizar en particular los aspectos concernientes a la justicia, la reparación y la memoria.

Las observaciones preliminares del Grupo de Trabajo fueron contundentes. Entre otras aseveraciones, el Grupo instó al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que la Ley de Amnistía no sea un obstáculo. Además, recomendó al Gobierno a dotar de contenido y fondos la Ley de Memoria Histórica y a colaborar con las asociaciones memorialistas y de víctimas.

En su informe preliminar han calificado de "lamentable" la situación de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. ¿Han manifestado al Gobierno y a las autoridades con las que se han reunido este calificativo? ¿Cómo han respondido?

Sí, se lo dijimos en la reunión de esta mañana [por ayer]. Nos escucharon atentamente y sobre ese aspecto aún no hemos recibido respuesta. Esta tarde les hemos enviado nuestras conclusiones preliminares, similares a las que presentamos aquí, y ellos hicieron algunas precisiones pero sobre este tema puntual, no nos han dicho nada.

"El Estado debe reparar a las víctimas con urgencia. No queda tiempo"

Tiene que ser un punto algo vergonzoso que vengan de la ONU para calificar de "lamentable" la situación de impunidad.

Sería bueno poder preguntarle a ellos.

También han constatado en sus observaciones la ausencia total de investigación judicial alguna en curso y el hecho de que ninguna persona ha sido condenada. A lo largo de su experiencia profesional, ¿ha visto situaciones similares de no reconocimiento e impunidad absoluta de los crímenes de una dictadura en un Estado democrático integrado en la UE como es el español?

Nosotros no comparamos situaciones de un país con otro. Lo que sí hemos visto en otros países donde ha habido patrones de impunidad es que siempre han podido ser quebrados por decisiones de los jueces, impulsos de los familiares o por respaldo de los poderes políticos. Por tanto, hemos visto que es posible pasar de la impunidad a la justicia parcial o plena. Pero es un proceso de muchos años.

En España han casi 40 años desde que murió el dictador. ¿Estamos dentro de la media de tiempo necesario para quebrantar la impunidad?

Cada proceso nacional requiere el tiempo que requiere. Nosotros sí vemos el efecto que transcurre el efecto del tiempo. En el caso español nosotros creemos que produce dos efectos que requieren que el Estado actúe con más diligencia y urgencia. El primero es que las últimas personas que vieron con vida a los desaparecidos hoy tienen más de 80 años. Por otro lado, los testigos que han visto donde los ejecutaron y donde están los cuerpos también tienen esa edad. La única forma de darle una satisfacción a esas personas es que hoy, no mañana, el Estado actúe con urgencia. No hay tres o cuatro décadas para dar respuesta.

Por otro lado, la evidencia física cada vez es más difícil de recuperar. La recuperación de documentos, cadáveres, etc. Todo esto hace que sea necesario más urgencia en las investigaciones, las excavaciones, en la preservación y descubrimiento de otros documentos, ordenación de archivos . El transcurso del tiempo nunca puede servir como excusa para que el Estado no actúe. Al contrario, debe servir para hacer una investigación más profunda.

Acabo de nombrar a las víctimas. Ustedes se han reunido con más de un centenar de víctimas y asociaciones. En el informe alaba el trabajo de las víctimas y las asociaciones memorialistas para la recuperación de la memoria. ¿Le ha sorprendido de alguna manera el espíritu de lucha de hombres y mujeres con más de 80 años que siguen reclamando verdad, justicia y reparación y que hacen un trabajo que ustedes señalan que debe realizar el Estado?

Dos reflexiones. El Estado sí ha delegado muchas de sus responsabilidades en estas asociaciones y eso sí es un problema aunque nosotros creemos que las asociaciones civiles no pueden ser sustituidas por el Estado por muy proactivo que este sea. Sí que me ha sorprendido, aunque no lo reflejamos en el comunicado de prensa, la juventud de la sociedad civil española en materia de Memoria. La mayoría asociaciones se han constituido en la década del 2000. En otros países tienen 20 o 30 años de existencia. En parte, esta juventud explica porque la respuesta del Estado español se empieza a producir a mediados del 2000.

Ley de Memoria

"La filosofía de la ley de Memoria Histórica debe cambiar".

La mayor respuesta por parte del Estado fue la Ley de Memoria Histórica. Ustedes la califican de "limitado alcance" y han criticado la carencia de presupuesto para su implementación. ¿Qué recomendaciones hacen al Gobierno para mejorar el alcance de la Ley?

Lo primero que debe cambiar es la filosofía de la Ley. Es decir, actualmente los familiares y las asociaciones son los que tienen que solicitar y el Estado en lugar de hacer una investigación da subvenciones. Tendría que ser: el Estado investiga, sistematiza la información, pone la información a disposición de toda la sociedad y se apoya de manera coordinada con familiares, asociaciones y Comunidades Autónomas.

Lo segundo, es que la Ley tendría que contener una obligación de un Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos. Nosotros sabemos que la búsqueda será muy difícil y que muchas de las personas desaparecidas nunca podrán ser identificadas, pero hay que analizar esto.

En tercer lugar, también debe haber una investigación de toda la información disponible. Hoy la información está completamente desperdigada y el Estado no compila ni analiza la información para poder hacer una investigación oficial estatal.

En cuarto lugar, la Ley no establece reparaciones económicas serias ni mecanismo de rehabilitación. Muchos de los testimonios hablan de los efectos psicológicos y el Estado nunca asumió estos efectos.

¿Han pedido explicaciones al Gobierno de por qué han dejado la Ley de Memoria sin presupuesto?

Sí y nos han dicho que fue una decisión fruto de la crisis económica y financiera que vive España. Lo otro que nos han dicho es que las demandas de subvenciones han bajado en los últimos años como preveía la Ley. Esta respuesta se la trasladamos a los familiares y organizaciones y recibimos una consistente respuesta de que las asociaciones quieren hacer muchísimas exhumaciones y no tienen fondos y no pueden hacerlas. Todas nos han dicho que si se hiciera una nueva convocatoria habría cientos de peticiones de subvenciones. Otra cosa es que la Oficina de Atención a las víctimas ha sufrido una variación de su nombre desapareciendo el concepto de víctimas. Muchos nos han dicho que no se trata solo de una cuestión de economía. La explicación que nos dieron actores de la sociedad civil es que era una opción política.

¿Y entre las dos versiones, usted con qué se queda?

La división de percepciones no es sólo cosa de España. Ocurre en muchos países. Lo que sí que hemos visto aquí es que el Gobierno tuvo la voluntad de explicarnos por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que no hace a diferencia de otros gobiernos. Esto es interesante.

Cuando Mariano Rajoy era líder de la oposición y no había crisis económica, llegó a decir que su futuro Gobierno no daría ni un euro a la Memoria Histórica. Supongo que este dato ayuda a averiguar si las decisiones son económicas o políticas.

Nos facilitaron esas declaraciones y las escuchamos. No obstante, nosotros tenemos que evaluar políticas públicas de los Estados y no valoraciones de los candidatos a presidente del Gobierno.


Abrir las fosas

"Las desapariciones forzadas no son una cuestión del pasado sino una cuestión del presente".

Sobre las mejoras que me ha enumerado de la Ley de Memoria. Usted ha nombrado la necesidad de España de crear un el plan nacional de búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas. Sectores de la sociedad española afirman, sin embargo, que la apertura de las fosas significa reabrir heridas y que por tanto hay que dejarlas cerradas. ¿Qué opina de esta afirmación?

Nosotros defendemos que las desapariciones forzadas no son una cuestión del pasado sino una cuestión del presente. Las heridas no están cerradas. No se pueden reabrir porque las heridas nunca se cerraron. Las víctimas y sus familiares nunca han podido tener su duelo. El duelo necesita tener un lugar donde representar el dolor de la separación con su ser querido. Esto nunca lo tuvieron los familiares de los desaparecidos. De modo, que las heridas no pueden estar cerradas. La apertura de fosas significa cerrar las heridas. Nosotros ponemos el mismo énfasis en tema de justicia como de verdad.

Hablaba de reparación económica, ¿ustedes defienden una reparación económica a las víctimas o, al menos, la devolución de las propiedades que fueron confiscadas durante la Guerra Civil a los llamados perdedores?

Eso sucedería en una Ley que hiciera una reparación integral sobre todos los aspectos y cuestiones sucedidas en la Guerra Civil. Si la reparación forzada implicó violaciones del derecho a la propiedad es algo sobre lo que nosotros no nos pronunciamos. La experiencia nuestra es que en las desapariciones forzadas, muchas veces, la reparación principal no es la económica sino la verdad y la justicia. Si España debe reparar económicamente o no a las víctimas es una cosa que debe hablar el Estado con las víctimas.

Valle de los Caídos

"Uno nunca puede saber que el Valle de los Caídos fue un lugar de enterramiento"

Ayer [por el domingo] visitaron el Valle de los Caídos. Quería preguntarles sobre lo ocurrido allí y lo que se les contó por parte de las autoridades. También preguntar si les dijeron que muchos de los cuerpos que allí yacen fueron robados a las familias de cementerios y fosas comunes.

El Valle de los Caídos es un ejemplo de que el Estado español no ha investigado toda la información disponible. Nos dijeron que en este lugar había personas enterradas de los dos bandos y que alrededor de 12.000 cuerpos estaban sin identificar. Sin embargo, podíamos presumir de qué bando eran las víctimas por el lugar de enterramiento. Les preguntamos si habían hecho un análisis del lugar de donde provenían los cuerpos para saber si hay más desconocidos de un bando u otro, si habían ido a archivos militares, civiles, donde fuera para investigar donde murieron y cómo. La respuesta volvió a ser no. El Estado tiene la información pero no la procesa. Es un ejemplo mínimo, pero allí hay 12.000 cuerpos y el Estado no trata de averiguar quiénes son.

Sobre el tema de la autorización familiar, nosotros preguntamos en el Valle. Nos dijeron que los desconocidos no tenían autorización familiar y que los demás, supuestamente, sí. Lo que nos han dicho es que no tienen forma de comprobar cómo se realizó esa autorización. Todo esto no se ha investigado. Sí que nos han dicho que la exhumación sería en algunos sectores imposible y en otros casi imposible. Hay que debatir el destino del Valle pero no es nuestro trabajo.

¿Puede ser un lugar de memoria, como sostienen sectores de la sociedad española, un lugar donde Franco está definido como anterior jefe de Estado?

Mi primera impresión al visitar el Valle de los Caídos es que uno nunca puede saber que es un lugar de enterramiento y nuestra recomendación es tomar como base del debate que debe tener la sociedad española el informe que realizó el comité de expertos (formado por Zapatero al final de su segunda legislatura). Hay solamente dos tumbas con nombres. Los otros 35.000 no tienen ninguno. Este es un tema que hemos visto.

¿Y su sensación personal cuando llegó allí? ¿Tuvo la sensación de poder entender algo de lo que sucedió en España visitando el Valle?

Yo al ver ese monumento mi primera pregunta fue: Yo, no siendo católico, ¿quisiera que mi memoria quedara preservada aquí? Ese símbolo excluye a los que no son cristianos. Esa fue mi primera impresión.

Ley de Amnistía

"La Ley de Amnistía no puede ser obstáculo para una investigación judicial".

En el informe preliminar, también han recomendado dejar sin validez jurídica la ley de amnistía en lo referente a la investigación de desapariciones forzadas. En España, la ley de amnistía ha sido considerada por muchos como la base de la transición y el perdón. ¿Puede una ley del olvido y no la investigación de la verdad ser base suficiente para una democracia?

Nosotros decimos que muchas veces son necesarios procesos de reconciliación para poner fin a dictaduras y a desapariciones forzadas. Lo que creemos es que la Ley de Amnistía no puede ser obstáculo para una investigación judicial y nuestro entendimiento es que no era ese el objetivo de la Ley de Amnistía del 77. Esta ley era para liberar a presos políticos y reintegrarlos a la vida política. No estaba pensada para frenar investigaciones judiciales. De modo, que treinta años después se haya descubierto la Ley de Amnistía con otro objetivo me genera dudas de si no hay otras interpretaciones posibles.

Ustedes han solicitado que esta ley deje de tener efectos jurídicos, pero no han sido los únicos. Diversos organismos internacionales, como ustedes señalan, también lo han solicitado. ¿Cuando hay tantas peticiones y ningún cambio legislativo, se puede interpretar una falta de voluntad política dentro del Estado español?

Un ejemplo. Estuve hace un año en Chile. La Ley de Amnistía de Chile sigue vigente pero hay 800 militares en prisión. No es una cuestión de la Ley sino de la interpretación. No hubo voluntad del poder legislativo para eliminar esta ley. No hubo voluntad del poder ejecutivo para eliminarla. Hubo voluntad del Poder Judicial para dejar de aplicarla. Por tanto, no se necesita ni al poder legislativo ni al ejecutivo, se necesita al judicial.

¿Entonces el problema está en el Poder Judicial español?

Las razones por las que se produce lo que se produce las desconocemos. Lo que sabemos es que el Poder Judicial ha cerrado todas las investigaciones. Quedan dos pero que no avanzan. Los motivos los debe decidir la sociedad española. Si es politización, formación de los jueces, forma en la que se eligen los jueces o cómo promoción, el tipo de carrera, el tipo de ingreso... Son todo factores que pueden contribuir. Es la sociedad española la que debe encontrar los errores.


Publicado en Público, el día 1 de octubre de 2013 | Por Alejandro Torrús

domingo, 14 de diciembre de 2014

La ONU lo tiene claro: España tiene que juzgar o extraditar a los franquistas

El informe del Relator Especial de Naciones Unidas advirtió a España de que "sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables".



El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, no tiene dudas. A pesar de "no conocer" la orden cursada desde Argentina contra 19 franquistas (Antonio Barrera ha fallecido) se ha atrevido este miércoles a adelantar que en España hay "una Ley de Amnistía aprobada en Cortes" y que los delitos de los acusados están "prescritos". Pero la valentía del ministro no llegó hasta ahí. Acto seguido comparó el procedimiento anterior cursado contra Billy el Niño y Jesús Muñecas por presuntas torturas con la nueva lista de 19 franquistas, entre los que se encuentran ministros de la Transición como Martín Villa, imputado por la muerte de cinco obreros en una manifestación, y Utrera Molina (el suegro de Gallardón), por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich.

Para "no conocer la orden", el ministro de Justicia se lanzó bien a la piscina. Cabe recordar al ministro que un presunto delito de torturas no es lo mismo que convalidar una sentencia de muerte desde los sillones del Consejo de Ministros y que, por tanto, el procedimiento judicial no puede ser similar. Además, Catalá debería conocer que en el tiempo transcurrido entre las peticiones de extradición de Billy el Niño y Jesús Muñecas y la petición de extradición de 19 franquistas ha habido interesantes e importantes pronunciamientos internacionales sobre la interpretación que la Justicia española hace de la Ley de Amnistía de 1977 y que emplazan a España a cooperar con la llamada querella argentina.

El más importante de estos pronunciamientos fue, sin duda, el debate vivido en el XXVII Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que España fue una de las grandes protagonistas. Allí se presentaron dos informes demoledores sobre la impunidad de la que goza el franquismo en España y sobre el obstruccionismo de la Justicia en relación a este tema. Los informes fueron elaborados por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, por una parte, y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.

Este último informe es clarividente. El Relator Especial de la ONU advirtió a España de que tiene "la obligación internacional" de "extraditar o juzgar" a los franquistas reclamados desde Argentina y que "sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables". Asimismo reclamó al Gobierno de Rajoy "asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior". 

La recomendación de la ONU fue clara y taxativa. ¿Ha argumentado el ministro Catalá, por tanto, que las extradiciones no pueden producirse porque los implicados ya están siendo o ya han sido juzgados en España, tal y como reclama la ONU? No. El ministro argumenta, como ya hizo la Audiencia Nacional en el anterior procedimiento judicial referente a Jesús Muñecas y Billy el Niño, que los inculpados están protegidos por la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes en octubre de 1977.


Pero, ¿qué dice la ONU sobre esta Ley de Amnistía y de la actitud del Estado y de la Justicia de utilizarla como justificante para no investigar los crímenes cometidos durante la dictadura, la Guerra Civil y la transición? El Relator Especial vuelve a ser contundente: España debe "privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el fraquismo". Dicho de otra manera, la Ley de Amnistía no puede ser jamás una excusa para no investigar violaciones de derechos humanos.

Contradice tratados internacionales

El Relator Especial de la ONU recalca, además, que la práctica del Estado español de archivar la "totalidad de los casos presentados ante la justicia española por crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (...) contradice las obligaciones internacionales en materia de derecho a la justicia" vulnerando también "el derecho a la verdad". Expresamente, la Ley de Amnistía contradice, entre otros compromisos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por España y publicado en el BOE el 30 de abril de 1977. Seis meses antes de que las Cortes aprobaran la Ley de Amnistía en octubre del 77. 

Este compromiso internacional señala en su artículo 15 que aquellas personas que cometieron actos delictivos conforme a los "principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional" pueden ser juzgados y condenados aunque no fueran hechos delictivos según el derecho nacional en el momento en el que se cometieron. Es decir, los crímenes del franquismo pudieron ser legales conforme a la ley española del momento pero contradicen los principios del derecho internacional, por lo que pueden ser juzgados y condenados. El Estado español se comprometió a una cosa en el ámbito internacional y estableció una ley que operaba en sentido contrario en apenas seis meses.

Por último, el Relator Especial de la ONU concluye recordando a los profesionales de la Justicia española que en "países que no han derogado leyes de amnistía" (como es el caso de España), "algunos tribunales han encontrado interpretaciones (...) que no han impedido la investigación y el procesamiento de presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos". Una bonita manera de recordar a los jueces españoles su responsabilidad en el hecho de que la Ley de Amnistía continúe siendo usada como parapeto para frenar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de cientos de miles de ciudadanos de todo el Estado.


FUENTE: Público

jueves, 11 de diciembre de 2014

Dolores Ibárruri: Vivir de pie

Hoy volvemos a repasar la vida de La Pasionaria, dentro de su contexto histórico, como nos la descubre el historiador José Gabriel Zurbano.


En este texto, José Gabriel Zurbano realiza un interesante resumen sobre la intensa y dilatada vida de la dirigente comunista internacional Dolores Ibárruri en su contexto histórico; desde sus inicios en su amada Euskadi natal, cuna de Dolores y de las primeras organizaciones obreras en España; hasta los últimos años de su larga vida, ya de vuelta a su patria en los primeros años de la Transición tras un largo exilio en Moscú. Todo ello sin olvidar el eminente papel que Pasionaria y su partido representaron durante la Guerra de España (1936-1939) frente a la sublevación fascista contra la legalidad democrática republicana de una parte del generalato con el apoyo imprescindible de la jerarquía y la mayor parte del clero de la Iglesia Católica, los terratenientes, el poder financiero y las potencias nazi-fascistas europeas de la época. De la misma manera que el PCE fue la columna vertebral del ejército popular de la República española durante la guerra, tras la derrota republicana Dolores Ibárruri fue la cabeza visible -primero como secretaria general y luego como presidenta- del partido que encarnó la única fuerza política relevante de oposición a la dictadura franquista durante casi cuatro décadas. Por todo ello, Pasionaria se convirtió, ya desde finales de los años 30, en la figura femenina internacional más destacada -como símbolo internacional que traspasó océanos y continentes- de las dos grandes pasiones que protagonizaron la vida de Dolores Ibárruri: el comunismo y la pionera lucha de los pueblos de España frente al fascismo, primero en los campos de batalla y después en la soledad de las trincheras de una ejemplar e inquebrantable lucha clandestina del PCE frente a la dictadura... Vivir de pie: todo un ejemplo para nuestras generaciones.

DOLORES IBÁRRURI, MADRE CORAJE, PALABRA, VOZ, FIGURA Y OBRA DEL ANTIFASCISMO ESPAÑOL.

La forja de un carácter (1895-1917).

Dolores Ibárruri Gómez (La Pasionaria, Gallarta, Vizcaya, 9 de diciembre de 1895 - Madrid, 12 de noviembre de 1989) nació en la zona minera de Vizcaya, la provincia más industrializada y populosa del País Vasco. Su padre, Antonio Ibárruri, era minero y carlista. Su madre, Dolores Gómez, castellana católica y devota también trabajó en la mina antes de casarse. "Soy pues, de pura cepa minera. Nieta, hija, mujer y hermana de mineros... yo no he olvidado nada" [1] De niña tuvo su rebeldía. Asistió a la escuela hasta los 15 años, albergando el deseo de ingresar en la Escuela Normal de Maestras, pero sus esperanzas quedaron frustradas por las necesidades económicas de su familia. Al finalizar sus estudios tuvo que ingresar en una academia de corte y confección que le permitió hallar empleo como sirvienta en la casa de una familia acomodada... el trabajo era agotador, se levantaba a las seis de la mañana y no se acostaba hasta las dos de la madrugada. El 15 de febrero de 1916, se casó en la iglesia de San Antonio de Padua de Gallarta con un minero socialista, Julián Ruiz: pero, como ella misma relata en su autobiografía hasta la guerra civil El único camino, no fue feliz en esta relación dadas las duras condiciones de la vida de las familias mineras y el machismo de su marido. Julián fue detenido tras la Huelga General revolucionaria en la España de 1917 y Dolores se encontró sola con la pequeña Esther, nacida el 29 de noviembre de 1916. La noticia de la Revolución socialista de Octubre de 1917 en Rusia representó para ella un potente rayo de esperanza. 

El primer artículo que publicó en el periódico obrero El Minero Vizcaíno fue escrito en la Semana Santa de 1918. Usó el seudónimo de Pasionaria para firmarlo. Vivió con emoción la revolución de los espartaquistas alemanes de Rosa Luxemburgo en enero de 1919 y cuando en 1921 se produjo la escisión en el PSOE que condujo a la fundación del Partido Comunista de España, Dolores Ibárruri estuvo entre los militantes socialistas vascos fundadores del nuevo partido comunista, siendo elegida rápidamente miembro del Comité Provincial de Vizcaya. En esa época siguieron deteniendo a su marido Julián con cada huelga... Cuando salía de prisión, Dolores solía quedar embarazada; su segundo hijo y único varón, Rubén, nació el 9 de enero de 1920, el mismo año en el que moriría la primogénita Esther. En julio de 1923 tuvo trillizas: Amaya, Amagoya y Azucena. El parto fue difícil y asistido por sus vecinas. Amagoya murió unos días más tarde y Azucena sobrevivió sólo dos años... Eva nació en 1928 y vivió apenas dos meses. La imposibilidad de pagar cuidados médicos y alimentar adecuadamente a sus hijos contribuyó a la muerte prematura de cuatro de los seis que tuvo. A pesar de ello trabajó muy duramente para su familia: plantaba hortalizas y hacía costura para el sastre del pueblo con el fin de incrementar los magros ingresos que provenían del salario de su marido.

Izquierda: Dolores y su hijo, Rubén Ruiz Ibárruri, posan felices en un parque de Moscú ya iniciada la Segunda Guerra Mundial. Rubén murió combatiendo en Stalingrado el 14 de septiembre de 1942, siendo miembro del 62º Cuerpo del Ejército Rojo, durante una encarnizada batalla con los nazis en los alrededores de la Estación Central de la ciudad del Volga. Militante comunista como su madre, Rubén Ruiz recibió a título póstumo la más alta condecoración de la URSS, la de Héroe de la Unión Soviética. Derecha: Dolores saluda al lado de su hija Amaya a la llegada de ambas al aeropuerto de Madrid el 13 de mayo de 1977 en un vuelo de Aeroflot procedente de Moscú. Esta histórica imagen, primera página de todos los diarios de la época, simbolizó la nueva etapa política que se iniciaba en España y el final de 38 largos años de exilio para Pasionaria.

miércoles, 3 de diciembre de 2014

Franco ha muerto... Sus corruptos herederos gobiernan.

Por Paco Arenas

Aquel miércoles 19 de noviembre al llegar a mi casa vi a mi madre más preocupada de lo habitual, estaba casi demacrada, allí inmóvil, parada junto a la radio, raro en ella que siempre hacendosa andaba en un frenético ir y venir, limpiando, cosiendo o cocinando, pero se había quedado de pie junto al transistor, a pesar de no ser tarde, estaba escuchando Radio Francia Internacional. Pensé que había ocurrido algo realmente grave, me asusté.

¿Qué pasa madre?

-Franco se ha muerto.

Mi madre no dejaba de sorprenderme, era tanto el tiempo que lo esperaba, incluso yo en mi temprana adolescencia obrera llevaba tiempo esperando esa muerte, dos meses antes habían sido asesinados cinco jóvenes antifranquistas, en mi casa hubiésemos deseado mil veces que el muerto fuese el general que firmó las sentencias, hubiésemos deseado estar en las calles de París o Londres para gritar: ¡Franco asesino! Aquel 27 de septiembre de aquel año.

Con el comienzo de la agonía del dictador, nos habíamos pegado más a la radio, ya el día 18, escuchamos que había muerto no recuerdo si en Radio España Independiente o en Radio Francia Internacional, en la calle se decía que no daban la noticia para hacer coincidir su muerte con la del fundador de Falange, y mi madre dijo "y con la de Durruti que era más importante", pero yo no sabía quién era Durruti.

A mi madre la veía esperanzada con lo que podría llegar a significar la muerte del general genocida. - "Por fin seremos un país normal, puede que todavía puedas estudiar, como estudian los chiquillos de tu edad en el extranjero...- Me decía y yo la escuchaba con ilusión, me hablaba de mi padre, de su padre que ya anciano pasó algunos años en el penal de Chinchilla por haber sido dirigente de UGT, me hablaba de la guerra y, sobre todo, de la posguerra, de los abusos que habían tenido que soportar y de la obsesión de mi padre por irse a Argentina para vivir como las personas.

Pero ahora después de haber escuchado la segura muerte del dictador, mi madre estaba muy preocupada... El fantasma de la guerra se le "representaba", como decía ella, tenía miedo.

- Todavía queda mucho odio y sobre todo muchas heridas sangrantes. - También rechazaba la idea de que el sucesor del dictador ocupase el trono.

- Un rey es algo inútil y costoso, nunca, desde que el mundo es mundo, los pobres nos hemos hartado de comer habiendo un rey.

Aquella noche nos la pasamos pegados a la radio, yo cansado del duro trabajo en la obra, me dormí, cuando desperté para irme a trabajar, mi madre ya nos había preparado el desayuno, a mi hermano y a mí, ya no estaba preocupada, la radio le había inundado el semblante de ánimo y esperanza.

Antes de ir a trabajar pasamos por el bar donde nos reuníamos para ir a la obra, extrañamente, el jefe se retrasó más de la cuenta y pudimos ver al compungido Arias Navarro, en blanco y negro, dar la noticia de la muerte del padrino del rey, el cual se encargaría de perpetuar la dictadura descafeinada, después de la muerte del "Caudillo". Con lágrimas en los ojos llegó nuestro jefe, inconsolable, por la pérdida del "padre de todos los españoles", como dijo sin parar de llorar. Como las buenas noticias no llegan solas, dijo que nos pagaba el jornal sin ir a trabajar, pues bastante dolor teníamos los españoles en aquel triste día, mi dolor fue físico, del codazo que me dio mi hermano para que disimulase mi satisfacción.

Aquel día soñamos al amanecer con la libertad, una libertad que se dejaba ver, tocar y acariciar, sentíamos su presencia, desde el mismo momento del fallecimiento, pensábamos que aquellas nubes que se acercaban por el horizonte venían cargadas de libertad, pero el resplandor del sol tras ellas nos engañó, llegarían las claudicaciones y las traiciones, las mentiras y las desilusiones. Su sucesor le fue fiel, aflojó un poco los nudos para que nos confiásemos, para que creyésemos que teníamos auténtica libertad. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que 37 años después los herederos políticos de Falange y el Movimiento Nacional ganarían las elecciones otro 20-N y llevarían a cabo la mayor agresión contra el pueblo desde la muerte del genocida del Ferrol?

Hoy podemos decir que el actual Régimen político español tiene muchas más semejanzas con lo que es una dictadura, que con lo que se pueda considerar una democracia. Está permitido robar, a bancos, políticos y miembros de la Casa Real, pero protestar porque te hayan robado la casa, te hayan quitado el derecho a la sanidad, a la educación o protestes contra los corruptos, los ladrones o pidas que te devuelvan lo que te han robado, puede llevarte a la cárcel de por vida o arruinarte la vida para siempre con multas de hasta 60.000 €. Pensarán los ladrones que la gente, que el pueblo, tiene tan fácil robar como lo tienen ellos. Nosotros no tenemos sobresueldos, en muchos casos, más de seis millones de españoles ni tan siquiera sueldos.

Pero eso llegaría después, aquel día no brindamos con champan porque éramos pobres, pero en mi casa el potaje que preparó mi madre nos supo al más exquisito de los manjares.


FUENTE: España por la República

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Cuando las mujeres fuimos ciudadanas: el voto femenino



Hoy, 19 de noviembre de 2014, hace 81 años que las mujeres votamos por primera vez en España. Las mujeres conseguimos con este derecho que se nos reconociera como sujetos de pleno derecho, pudiendo participar y ser parte de la sociedad ejerciendo un derecho básico de la ciudadanía, el derecho al sufragio activo.

Este derecho lo reconoció la Constitución de la Segunda República Española en el año 1931. Texto que fue debatido por las Cortes Constituyentes surgidas tras la dimisión de Primo de Rivera y provocó encendidos debates acerca de las "facultades" de la mujer para ejercer el voto.

Pero la cuestión sufragista en España no estuvo exenta de polémica y temor cuando tomó asiento en las Cortes de la II República (de abrumadora mayoría masculina) que concedieron la plena incorporación de las españolas a la ciudadanía.

Paradójicamente las posiciones hostiles a este derecho surgieron de algunos de los partidos de izquierda de entonces. Cabe recordar a uno de los diputados que más se señaló en intentar impedir que las mujeres pudiésemos votar. Éste fue el gallego Roberto Novoa Santos, elegido por la Federación Republicana Gallega, que integraba entre otros a la organización ORGA fundada por Casares Quiroga con la participación de las Irmandades de Fala. 

La intervención de Novoa Santos en ese debate podría pasar a la historia de las opiniones machistas. Así, tras preguntarse por qué habría que concederle a la mujer los mismos títulos y los mismos derechos que al hombre señalaba: "¿Son organismos igualmente capacitados?". Para a continuación explicar que la mujer era "todo pasión" y "todo sensibilidad" pero que, lamentablemente, carecía de reflexión, espíritu crítico y ponderación. Virtudes éstas que "no domina". A continuación hacía partícipe al resto de los diputados de interesantísimas teorías clínicas tales como que "el histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer".

Tras estas ocurrencias subyacía también el temor a que las mujeres, a las que se tenía bajo la presión de la iglesia, fuesen un brazo electoral de ésta. El mismo miedo lo tenía una de las únicas tres diputadas en las Cortes, Victoria Kent, quien pidió varias veces, sin éxito, aplazar el sufragio femenino pero, en este caso, no cuestionando su capacidad, sino la oportunidad. Para Victoria Kent, la adhesión mayoritaria de las mujeres a los principios de la iglesia, ponía en riesgo la existencia de la recién nacida república. Previamente, millón y medio de mujeres católicas habían firmado un escrito que pedía el cambio de la Constitución para respetar los "derechos de la Iglesia". Las mismas tesis defendía la diputada del PSOE Margarita Nelken, quien expresaría sus reticencias y convencimiento de que las españolas no estaban preparadas para asumir sus derechos políticos a la altura de 1931.


En cambio, la feminista Clara Campoamor se definió fiel partidaria del inmediato sufragio y defensora del principio de igualdad jurídica entre ambos sexos. Su discurso en las Cortes recuerda las referencias de emancipación y plena igualdad de las mujeres expresadas en su día por Harriet Taylor Mill y Jonh Stuart Mill, que negaban todo fundamento racional para establecer diferencias legales en razón del sexo. 

Esta división de opiniones y posicionamientos contrapuestos en torno al derecho al voto femenino se saldó el 1 de octubre de 1931, con su aprobación por las Cortes republicanas en un apretado triunfo del sí con un margen de 40 votos a favor. En efecto, posiblemente gracias a la defensa de Clara Campoamor, la propuesta salió adelante por 161 votos a favor contra 121. Clara Campoamor manifestó entonces que "la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad... es caminar dentro de ella".


El sufragio femenino no tuvo desgraciadamente mucho camino. Y sería en 1936 la segunda y última vez que podríamos ejercitar el voto libre por la llegada de la dictadura franquista, que no sólo impidió el ejercicio del derecho al voto libre, sino que impuso un rancio patriarcado sexista que hizo retroceder siglos la lucha feminista por la igualdad.


FUENTE: BLASTINGNEW- Ocio y Cultura

Olvidos y traiciones en las responsabilidades políticas de España con el pueblo saharaui


Por Fernando J. Muniesa
El espía digital

La memoria, potencia intelectual por medio de la cual se retiene y recuerda lo pasado, no es útil sólo para adquirir erudición; también es necesaria para mantener una conducta de vida adecuada a la dignidad humana.

Una verdad especialmente entendida a partir de la era cristiana. Por poner un ejemplo, Plutarco, que además de historiador, biógrafo y ensayista, fue un moralista extraordinario, sostenía que el recuerdo de los acontecimientos pasados da ejemplos para deliberar con más acierto sobre los venideros, o si se prefiere -decimos nosotros- para gobernar mejor.

Aunque antes de Plutarco ya se había dicho y escrito mucho también sobre el término "historia", muy vinculado a la 'memoria' al entenderse aquél como la narración o exposición verdadera de los acontecimientos pasados y dignos de recuerdo. De hecho, en ese maridaje entre memoria e historia (que en cualquier caso significan cosas distintas), encaja esta consideración de Marco Tulio Cicerón ((106-43 a.C.), político, escritor y brillante orador romano: "El que no conoce la historia -o no sabe lo sucedido antes de que él naciese- toda su vida será un niño...".

Estas citas vienen a cuento de la celebración en Madrid de la 39ª Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui (Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, 14 y 15 de noviembre), coincidente con el 39º aniversario del inicio de su lucha por la independencia que le prometió el Estado español. Una historia plagada de olvidos y traiciones, en la que nuestra memoria histórica -o mejor dicho la de los gobernantes españoles- queda a la altura del betún.

La promesa incumplida de Juan Carlos I

La responsabilidad de proteger los legítimos derechos de la población saharaui, fue asumida públicamente por el entonces príncipe de España y Jefe del Estado en funciones, don Juan Carlos de Borbón, exactamente el 2 de noviembre de 1975, en El Aaiún, capital de lo que todavía era el Sáhara español. Con la 'Marcha Verde' en el horizonte y con Franco agonizando, el hombre que apenas 20 días después (el 22 de noviembre) sería proclamado Rey de España hizo un viaje sorpresa para animar a los militares destinados en el Sáhara Occidental. 

En el Casino Militar y ante el ministro del Ejército, el jefe del Estado Mayor, el capitán general de Canarias y el gobernador militar del Sáhara -entre otras personalidades que acreditaban la relevancia del acto-, quien en aquellos decisivos momentos en la historia de España oficiaba como Jefe del Estado lanzó el siguiente mensaje: 

"Quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y su honor.
España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz, don preciso que tenemos que conservar. No se debe poner en peligro vida humana alguna cuando se ofrecen soluciones justas y desinteresadas y se busca con afán la cooperación y el entendimiento entre los pueblos.
Debemos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen".

La prensa destacó el clima de máxima tensión política y militar y cómo las palabras de Juan Carlos fueron recibidas con alegría y aprobación. A las cuatro horas volvió a Madrid. Sólo tres días después, según los cables diplomáticos desvelados por WikiLeaks, el príncipe de España filtraba al embajador de Estados Unidos en Madrid, Wells Stabler, "los movimientos de Franco respecto al Sáhara" (Público 11/04/2013). Al mes y medio salía de El Aaiún la última compañía de la Legión y el 28 de febrero de 1976 se arrió la bandera española en el Sáhara.

Las palabras de Juan Carlos de Borbón en El Aaiún se han recordado en repetidas ocasiones, pero el monarca nunca las oyó directamente hasta el 31 de marzo de 2009. Ese día se encontraba en la Universidad de Alcalá de Henares justo presidiendo la entrega del Premio de Derechos Humanos Rey de España, y lo que menos esperaba es que la mujer que se acercó a saludarle ataviada con una melfa (prenda tradicional saharaui) le dijera: "Majestad, soy saharaui y recuerdo perfectamente cuando visitó mi ciudad natal, El Aaiún, en noviembre de 1975. Su Majestad prometió que iba a defender el legítimo derecho del pueblo saharaui. Sin embargo, el pueblo saharaui aún está esperando que esa promesa se cumpla, todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa promesa que no se ha llevado a cabo". Era Zahra Ramdán, presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España (AMSE): recuerda que el Rey escuchó y calló...

En julio de 2013, ante el anuncio del viaje oficial que el rey Juan Carlos giraría el 15 de julio a Marruecos, al que invitó a todos los ministros de Asuntos Exteriores de España de la democracia, algo sin precedentes en la diplomacia española y que en medios políticos internacionales se entendió como un ejercicio de pleitesía ante el rey de Marruecos, los principales movimientos solidarios con el pueblo saharaui dirigieron una carta al Jefe del Estado recordándole las olvidadas palabras de compromiso con el pueblo saharaui que pronunció en El Aaiún.

En la misiva de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-SÁHARA), la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara (FEDISSAH) y la Coordinadora de Intergrupos Parlamentarios 'Paz para el Sáhara', se pidió al rey que "coherentemente con sus palabras de ayer, tenga hoy la decisión y el coraje de asumir las responsabilidades nunca asumidas y se implique decididamente en la búsqueda de una solución política que reconozca los legítimos derechos del pueblo saharaui para asumir su propia responsabilidad en el ámbito de las naciones contemporáneas". Y se señalaba al monarca que "aún es posible enterrar el dolor y la ira y restaurar la dignidad y la justicia que sus palabras no consiguieron enmendar ni enderezar entonces". 

Como quiera que en su viaje a Marruecos el Rey iba a estar acompañado por una veintena de empresarios españoles, con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, a la cabeza, y por un insólito grupo de ex ministros de Asuntos Exteriores de España, también pidieron a esta última representación que en su cena prevista con el rey alauí Mohamed VI, tuvieran "la valentía de adoptar una postura conjunta en defensa del derecho de los saharauis a decidir su futuro, un pueblo al que España abandonó y con el que tiene una deuda histórica"...

Un sentimiento general de injusticia con el pueblo saharaui

Este recurso a la memoria histórica, entendida como concepto ideológico o en el sentido de desarrollo historiográfico que le ha atribuido recientemente Pierre Nora, notable sociólogo y miembro de la Académie Françoise, es el que también late en la conciencia de muchos testigos excepcionales de la historia compartida entre España y el pueblo saharaui. Sin duda bien visible en la entrevista al teniente general Antonio Ramos-Yzquierdo, presidente de los Veteranos del Sáhara, publicada en este mismo medio informativo (El Espía Digital, 30/06/2013).

"Se puede perdonar, pero no olvidar". Con esta frase resumía el general Ramos-Yzquierdo su propio sentimiento sobre el enfrentamiento de España con el Frente Polisario. Desde su particular condición militar, sigue viendo al Polisario como el enemigo que fue y al que considera culpable en parte de la forma en que se produjo el abandono del Sáhara. 

Pero en su memoria también permanece la entrega ilegal del Sáhara Occidental a Marruecos, con la indignación de los militares. Y ahora, con la perspectiva de la historia transcurrida, reprueba la postura favorable a las tesis marroquíes que mantiene el Gobierno de España, que no respaldó la propuesta que hizo Estados Unidos en 2013 para que la misión de Naciones Unidas vigile el cumplimiento de los Derechos Humanos, lamentando que nadie obligue a Marruecos a celebrar el referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida su futuro. 

Cuando en la conclusión de la entrevista se le preguntaba sobre qué futuro deseaba para los saharauis, el presidente de los Veteranos del Sáhara respondía categóricamente: "Un futuro de independencia, por descontado. Un estado saharaui enfrente de Canarias nos favorecería. Hay opiniones contrarias como la del Embajador Javier Rupérez, que dijo en un artículo (ABC, 26/03/2010) que era mucho mejor que aquello fuera marroquí. Yo creo que no, incluso teniendo en cuenta las posibilidades de infiltración del terrorismo de Al Qaeda por una razón: los saharauis nunca han sido fanáticos religiosos, sus prácticas del Corán son bastante suavizadas. La zona natural de desenvolvimiento del Sáhara es Canarias. Y eso nos favorecería mucho, sin  hablar de las posibilidades del petróleo".

Este tipo de sentimiento sobre la cuestión general del antiguo Sáhara Español, expresado incluso desde una óptica de rectitud militar, converge con otros muchos de raíz complementaria que finalmente muestran una misma frustración política, en una idéntica memoria de comportamientos  indignos con el pueblo saharaui.

Así, en abril de 2014 y ante la inminente renovación por el Consejo de Seguridad de la ONU de su misión en el Sáhara Occidental, un grupo de personalidades españolas de diferentes ámbitos sensibilizadas con el problema, publicaron un manifiesto recordando al Gobierno del PP que España "sigue siendo la Potencia Administradora de iure" del territorio y que, por ello, debía "asumir de una vez sus responsabilidades" y propiciar "un mayor papel de Naciones Unidas en la resolución del conflicto y en la tutela de los Derechos Humanos".

El 'Manifiesto por una Política Digna de España en el Sáhara Occidental', lo encabezaron Jaime de Piniés Bianchi, hijo del que fue embajador de España ante la ONU cuando, en contra de su criterio, tuvo lugar en 1975 el abandono del pueblo saharaui; el teniente general Miguel Iñiguez del Moral, que tras estar destinado en el Sáhara fue en los años ochenta Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME); Carmen Díaz Llanos, viuda de Juan Garrigues y expresidenta de la Asociación de Amigos del Sáhara de Madrid; Ana María Rodríguez de Viguri, empresaria e hija del último secretario general de España en el Sáhara; Eduardo Fungairiño, ex fiscal del Tribunal Supremo; Javier Morillas, catedrático en la Universidad CEU-San Pablo…

Para ellos fue "escandalosa y vergonzosa" la actuación del Gobierno de Mariano
Rajoy en 2013 al respaldar a Francia en su rechazo de la propuesta de Estados Unidos de ampliar a los DDHH las competencias de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental). Señalaron que la resolución del conflicto del Sáhara "no es ni debe ser" en España "patrimonio exclusivo de ninguna corriente ideológica", pues es  "un tema de Estado que concierne a todos sus ciudadanos e instituciones", constituye "la gran asignatura pendiente de la Transición Española", y los  saharauis son "los grandes sacrificados".

Se mostraron categóricos en su afirmación de que no debe tolerarse que Marruecos "chantajee continuamente a España para consolidar su ocupación ilegal" con asuntos tan sensibles como la inmigración clandestina y la política antiterrorista, y que "la política de buena vecindad con Marruecos no puede estar basada en la permanente cesión de España". También criticaron la reducción de más del 50 por 100 de la ayuda humanitaria y a la cooperación con los refugiados saharauis adoptada por el Gobierno de Rajoy, al que pidieron "oficializar", con un estatuto diplomático específico, las relaciones con el Frente Polisario y con las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Con todo, el Consejo de Seguridad no atribuyó a la MINURSO, una vez más, competencias en materia de DDHH, aprobándose el proyecto de resolución con el apoyo del irónicamente llamado 'Grupo de Amigos del Sahara Occidental', integrado por España, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Los saharauis que habitan los territorios ocupados por Marruecos seguirán, al menos hasta abril de 2015, sin protección para ejercer libremente los derechos de expresión, reunión y manifestación y la MINURSO sigue siendo única misión de la ONU desde 1978 sin cometido en materia de DDHH.

La actuación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el tema de la MINURSO ha sido muy criticada, especialmente cuando calificó de "inviable" la propuesta de la administración Obama en 2013 de incluir la vigilancia de los DDHH. 

Dirigentes saharauis dijeron que era antidemocrática y continuación de otras del mismo signo connivente con Marruecos, como fue retirar a los cooperantes españoles de los campamentos de refugiados, cuestionar las medidas de seguridad por parte del Polisario en los campamentos de Tinduf o alinearse con el Gobierno marroquí en contra del enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Chistopher Ross.

Los portavoces del Polisario afirmaron que el ministro español de Exteriores actúa al límite de la postura oficial del Partido Popular y recordaron que en su programa electoral el PP dejó claro que apoyaba los esfuerzos de Naciones Unidas "con vistas a lograr una solución conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad y el Derecho Internacional y a la responsabilidad histórica de España".

En esa misma línea señalan que la actitud de García-Margallo se contradice con la declaración del presidente Rajoy, realizada el 25 de septiembre de 2012 ante la 67ª Asamblea General de la ONU, marco solemne en el que comunicó esta postura oficial: "España mantiene su compromiso de una solución justa, duradera y mutuamente aceptable al contencioso del Sáhara Occidental que prevea la libre determinación del pueblo saharaui de acuerdo con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas".

La posición diplomática de España, en la práctica favorable a Marruecos, motivó que la Delegación Saharaui para España emitiera un comunicado en el que expresaba que, una vez más, García-Margallo "se declara a favor de  las tesis anexionistas y coloniales marroquíes al expresar que la salvaguarda de los derechos humanos, por parte de la MINURSO en el Sáhara Occidental, es inviable". CEAS-SÁHARA habló de la 'traición' personal de García-Margallo, preguntándose: "¿Nuestro ministro de Asuntos Exteriores [está] al servicio de Marruecos…?".

De esta forma, parece claro que, en lugar de ayudar a la resolución del conflicto del Sáhara, del que España fue responsable en sus orígenes, lo que hace García-Margallo es doblegarse sistemáticamente ante los chantajes de Marruecos, arropando y oxigenando su radicalidad.

Como ejemplos de la constante violación de los DDHH de los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos y la falta de respuesta española baste recordar el caso de Aminetu Haidar, cuando el ministro socialista de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aceptó en noviembre de 2009 la expulsión de la activista de DDHH hacia Lanzarote, después de haber estado detenida en el aeropuerto de El Aaiún. Tras 32 días en huelga de hambre, esta mujer de salud frágil por los cuatro años que estuvo detenida de forma ilegal en cárceles secretas marroquíes, pero a la que las autoridades de ocupación no lograron doblegar, consiguió regresar a su tierra gracias a las gestiones de Estados Unidos ante Marruecos, dejando en lamentable evidencia al Gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿A qué se debió que el 25 de marzo de 2014 Moratinos fuera galardonado en Rabat por la Fundación Diplomática marroquí como 'gran amigo de Marruecos'…?





España, Marruecos y el oscuro negocio de las armas

Pero desde la dirección del Polisario se va más allá de denunciar los chantajes de Marruecos a España. No faltan fundadas sospechas de que detrás de la actuación del ministro español de Asuntos Exteriores favorable a las tesis del país alauí, que se niega reiteradamente a que la MINURSO vigile las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, tal y como han exigido distintas organizaciones internacionales (como Amnistía Internacional, la Human Rights Watch o el Robert F. Kennedy Center), se cobijan, entre otros, los oscuros intereses de la industria nacional de defensa y seguridad, que por su limitado nivel de desarrollo tecnológico tiene de momento en el país alauí un cliente potencial nada desdeñable.

El 6 de noviembre de 2014 el Gobierno español ha sido denunciado por quinta vez como vendedor de armas a Marruecos, vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas exportaciones a países en los que existen indicios racionales de que el material puede ser empleado con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los DDHH.

En los últimos diez años, España ha vendido armamento a Marruecos por un importe de 193 millones de euros, con lo que éste país se ha convertido en su principal cliente dentro del continente africano, ocupando la posición 16 en el ranking exportador de armamento español y contraviniendo sin el menor sonrojo la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Con anterioridad, ya se había producido la venta de plataformas navales (patrulleras clase 'Vigilance' y 'Lazaga' y patrulleras rápidas o guarda-costas de RODMAN, e incluso la corbeta 'Teniente Coronel Errahmani', de la clase 'Descubierta', que en su momento fue el buque insignia de la Marina Real Marroquí).

A ese comercio hay que sumar el valor de las donaciones de armamento a precio simbólico que se realizaron en 2008. El 18 de enero de ese año, el Consejo de Ministros autorizó la cesión a Marruecos de ocho juegos de lanzadoras de bombas de aviación, por el precio simbólico de un euro, a pesar de estar valorados en 86.848 euros. Y el inmediato 27 de junio autorizó la cesión de seis torpedos ligeros MK-46, de la clase 2, destinados a la Marina Real también por el precio simbólico de un euro…

Según las organizaciones denunciantes, en 2011 España suspendió la venta de armamento a Libia y en 2013 a Egipto y Taiwán (antigua Formosa). Pero el Gobierno nunca ha atendido las justas peticiones de la población saharaui para que no facilitara la represión marroquí en el Sáhara Occidental.

Y lo vergonzoso del caso es que España promueve estas ventas de armas a Marruecos siendo nada menos que la potencia administradora del Sáhara Occidental (hasta que finalice el periodo de descolonización), tal y como ha dejado claro un auto dictado por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en julio de 2014. De hecho, Marruecos no figura como 'potencia administradora' de dicho territorio en el catálogo de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas.

En julio de 2013 varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron que Marruecos utilizaba material bélico español para reprimir al pueblo saharaui, coincidiendo con una visita oficial del rey Juan Carlos a Marruecos. La denuncia incluyó testimonios gráficos e informaciones de prensa dando fe de que el ejército marroquí utiliza vehículos VAMTAC, fabricados por UROVESA, para reprimir manifestaciones saharauis.

Precisamente esta empresa española, ubicada en Santiago de Compostela, fue visitada en abril de 2013 por el ministro de Defensa marroquí, Abdellatif Loudiyi, para conocer los nuevos modelos VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica) con aplicaciones, entre otras, de antimotines, porta-armas, plataforma lanza-misiles, transporte de personal, apoyo de vigilancia, comunicaciones, mando y control… Una gira en la que el ministro marroquí estuvo acompañado de su homólogo español, Pedro Morenés, convertido en agente comercial y de relaciones públicas de la industria privada de defensa, función desde luego muy alejada de su responsabilidad institucional…

El uso demagógico de la causa saharaui

En una entrevista a Abdelkader Taleb Omar, primer ministro de la RASD, publicada también en este medio informativo (El Espía Digital, 16/06/2013), ya se aclaraba el trasfondo de la política falsaria y represiva de Marruecos en relación con el Sáhara Occidental, evidenciando al mismo tiempo la complicidad del Gobierno de Rajoy. Además, aclaraba que la posición personal del actual presidente español estaba más en línea con la de su predecesor en el cargo, Rodríguez Zapatero, que con la de José María Aznar ("No cabe duda de que Aznar tenía posicionamientos más claros a favor de la causa saharaui").

Lo que entonces pedía el primer ministro de la RASD al Gobierno de España, hoy cobra una especial relevancia en la antesala de la 39ª Conferencia Internacional de Organizaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui. Decía literalmente: "Lo que exigimos del Gobierno de España es que, como mínimo, defienda que haya control de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. No pedimos ni que reconozca la República Saharaui ni que lleve políticas de sanciones sobre Marruecos. Simplemente un principio aceptado universalmente, que se  respeten los Derechos Humanos. Y, también, que sea más activo en la implementación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.

Una vez llegados al Gobierno, tanto el PP como el PSOE han subordinado su posición sobre el Sáhara Occidental a su relación con Marruecos, ocupante del territorio. Aunque la causa saharaui se venga utilizando para atacar al propio gobierno español cuando cualquiera de ambos partidos políticos se encuentra en la oposición, sabiendo que de esta forma sintonizan con la opinión pública, generalizadamente simpatizante con el pueblo saharaui.

Dicho de otra forma, el sufrimiento de los saharauis se ha utilizado como un instrumento demagógico de carácter electoralista, que, una vez llegados al poder, tanto PP como PSOE olvidan afectados por el chantajismo y los oscuros intereses económicos con los que se condicionan las relaciones bilaterales entre España y Marruecos.

El caso de Felipe González fue paradigmático. El 14 de noviembre de 1976 el entonces secretario general del PSOE y aspirante a presidir el Gobierno de España, dijo en los campamentos de refugiados cosas como:



"Nuestra repulsa y nuestra reprobación por el acuerdo de Madrid de 1975"; "…el Frente Polisario es el guía recto hacia la victoria final del pueblo saharaui"; "…lo más bueno del pueblo español es solidario con vuestra lucha"; "…el Gobierno no sólo ha hecho una mala colonización sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios". Y afirmó con especial rotundidad: "Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Yo quiero, por consiguiente, no prometeros algo, sino comprometerme con la Historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final".

Pero ese mismo González, que incluso llegó a hacer más tarde gestiones verdaderamente rastreras ante el Gobierno de Colombia para que retirase el reconocimiento de la RASD y ante el de Chile para que no la reconociera, el 28 de septiembre de 2009 dijo en un debate en Madrid cosas tan contrarias como:

"No sé dónde está la expoliación de recursos que está arruinando el Sáhara"; "…el país con mayor espacio de libertades que conozco del mundo árabe se llama Marruecos... incluidas las autoridades del Sáhara Occidental"; "…con lo que estoy totalmente de acuerdo: una fuerte autonomía saharaui que les permitiera ser algo que muchos de ellos no saben, lo que históricamente fueron, pero que nadie lo ha puesto de manifiesto. Históricamente fueron una parte de ese Magreb... con derechos especiales en la relación con el sultanato de Marruecos".

Y uno se puede preguntar de forma razonable a santo de qué, o a cambio de qué oscuras compensaciones, venían esas palabras después de presidir durante cuatro legislaturas seguidas el Gobierno de España. Porque es difícil olvidar que el PSOE opositor de la UCD en los primeros años de la Transición, y entonces defensor de la causa saharaui y aliado del Frente Polisario, pidió al Gobierno de Suárez la denuncia de los acuerdos tripartitos de Madrid por los que se entregó el Sáhara y que se reconociera al Frente Polisario; reivindicaciones que abandonó una vez llegado al Gobierno, en contra del sentimiento y la opinión de su militancia, pro saharaui de forma mayoritaria.

El PP de Rajoy (no el de Aznar) también ha hecho un recorrido de ida y vuelta. En 2005, en una conferencia de apoyo al pueblo saharaui, similar a la que se va a celebrar en Madrid la próxima semana (14 y 15 de octubre), intervino un diputado del PP, algo hasta entonces inusual. Jorge Moragas, diplomático y hoy director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, dijo entonces que la política del Ejecutivo socialista era ambigua y que se había alejado de la neutralidad activa mantenida por todos los gobiernos de España desde la Transición.

Además, la presencia de políticos populares en actos a favor de la RASD empezó a ser cada vez más frecuente durante sus ocho años de oposición; incluida alguna manifestación en la calle, como la del 13 de noviembre de 2010, en la que hizo acto de llamativa presencia el entonces vicesecretario de Comunicación Esteban y hoy eurodiputado, Esteban González Pons. Pero aquel apoyo a la causa saharaui duró, como sucedió con el PSOE, sólo hasta que el PP ganó las elecciones generales y se hizo con la Presidencia del Gobierno…

La formación política que sí se ha mantenido fiel a la causa saharaui desde el inicio de la democracia, ha sido el Partido Comunista de España, que también pidió a la UCD el reconocimiento de la RASD y que incluso rompió con los comunistas marroquíes. Después, reprochó al gobierno socialista haber abandonado al Polisario para pastelear las relaciones con Marruecos. Una línea de compromiso y apoyo al pueblo saharaui y al Polisario que Izquierda Unida sigue manteniendo constante.

Hoy, transcurridos casi cuarenta años desde que España comprometiera su dignidad de Estado en un proceso honroso de descolonización del Sáhara Occidental por mandato de la ONU, y de que el pueblo saharaui iniciara su lucha por la legítima y prometida independencia, la historia se muestra llena de frustraciones y plagada efectivamente de olvidos y traiciones, que nada bueno dicen en favor de nuestra democracia, de nuestra política exterior y, en definitiva, de nuestro sistema de convivencia.

La responsabilidad heredada por Felipe VI

Antes al contrario, las altas instituciones del Estado, con la Corona a la cabeza, han mostrado en la cuestión general del Sáhara Occidental su peor cara, especialmente oscura en cuanto su connivencia con los intereses de Marruecos ha sido de una evidencia casi constante. Se pueden excluir de este juicio los gobiernos de la extinta UCD -que más o menos toleraban las acciones entonces más agresivas del Frente Polisario- y el de José María Aznar enfrentado claramente a la actitud de Marruecos.

De hecho, en el Frente Polisario se tiene un buen recuerdo de Aznar. Como ejemplo, ahí están las declaraciones de su delegado en España, Bucharaya Beyun. En ABC (28/11/2010) afirmó: "Aznar se plantó ante Bush y le dijo que España no podía aceptar que se impusiera una solución distinta a la que permitiera al pueblo saharaui expresarse libremente". Y en el digital InfoLibre (13/05/2013) sostuvo: "El mejor posicionamiento lo tuvo Aznar"; "…hemos tenido muchos más problemas en las etapas de Rodríguez Zapatero y Felipe González".

Cosa distinta es la promesa de Juan Carlos I incumplida durante todo su largo reinado: "(…) Debemos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen".

Con todo, Felipe VI inició el suyo siguiendo la misma senda de sumisión ante las políticas antidemocráticas de Marruecos y de los juegos económicos que se cruzan entre las oscuras sombras de nuestra relación bilateral con el reino alauí. Y no será por ignorar la realidad del sufrimiento saharaui.

A raíz de la proclamación de Felipe de Borbón como Rey de España el 19 de junio, se planteó que la Corona intermediase ante Mohamed VI en favor de los legítimos derechos del pueblo saharaui. La presidenta de AMSE, Zahra Ramdán, fue clara: "A Felipe VI le pido que intervenga, por sus estrechas relaciones con la monarquía marroquí y, por supuesto, con Francia, país que obstaculiza una solución". Dijo que la Monarquía española tiene una deuda con los saharauis y que, con Felipe VI como Jefe del Estado, había llegado el momento de saldarla. Y citó un caso más de la discriminación que sufren los saharauis: "Le están dando la nacionalidad española a los sefardíes de hace más de 500 años y de los saharauis, que eran también ciudadanos españoles, se han olvidado por el chantaje marroquí".

Con esa misma esperanza de recuperar la memoria perdida y de cambiar el injusto curso de la historia, el conjunto de las asociaciones solidarias con los saharauis también pidieron a Felipe VI (infructuosamente) que, en su primera y emblemática visita oficial a Marruecos, defendiera los legítimos derechos del pueblo saharaui, compromiso originalmente adquirido por su padre hace 39 años, aunque desde entonces el conflicto del Sáhara Occidental apenas haya interesado a la Corona.

Por su parte, Mohamed Abdelaziz, presidente de la RASD y secretario general del Frente Polisario,  aludió a la responsabilidad histórica de España con la causa saharaui en el mensaje de felicitación que remitió a Felipe VI con motivo de su proclamación como Rey de España.

Tras enviar esa misiva, Abdelaziz vivió la curiosa circunstancia de coincidir con el presidente Rajoy en la 23ª Cumbre de la Unión Africana (UA), celebrada el 26 de junio de 2014 en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, antigua colonia española (hasta posaron juntos en la tradicional foto de familia).

En su discurso ante el pleno de la cumbre, y en presencia del dictador Teodoro Obiang Nguema, Rajoy se dirigió "a los líderes de África" para decirles que los problemas quedan atrás si se mantiene un rumbo firme. Y afirmó: "El trabajo de los líderes consiste precisamente en marcar ese rumbo y mantenerlo frente a los pesimistas. Somos amos de nuestro destino", definiendo la democracia como un "proyecto compartido al que pueden contribuir todos los ciudadanos independientemente de su raza, sexo, ideología o religión, y con pleno respeto de los Derechos Humanos".

Pero el presidente Rajoy no hizo ninguna referencia al Sáhara Occidental, quizás porque en aquella ex colonia España no se llevó a cabo el proceso de descolonización como se hizo con Guinea Ecuatorial durante el franquismo, y se entregó el territorio a Marruecos (Mauritania rehusó participar en esa usurpación). Y también fue curioso que su rey, Mohamed VI, no se encontrara entre los líderes africanos asistentes de la cumbre, dado que el reino alauí se retiró de la Organización para la Unidad Africana (OUA), predecesora de la UA, en 1982, cuando ingresó en la misma la RASD.

Esta retracción del Gobierno de Rajoy para siquiera hablar de la causa saharaui, ciertamente cobarde (y hasta enfermiza), todavía ha sido más patente en el entorno de la Casa Real española. Sólo en dos ocasiones, y de forma muy apretada, el rey Juan Carlos I citó estas dos palabras: Sáhara Occidental.

La primera fue el 13 de marzo de 2007 en Argel. Ante Abdelaziz Buteflika, entonces presidente de Argelia, don Juan Carlos afirmó: "Es igualmente urgente, como ha puesto recientemente de relieve mi Gobierno, encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable para la cuestión del Sáhara Occidental, que prevea la libre determinación y a la que se llegue a través del diálogo entre las partes en el marco de las Naciones Unidas".

La segunda, todavía más escueta, se produjo dos años después, el 23 de enero de 2009, en Trípoli (Libia). En el discurso que pronunció en la cena ofrecida por Muamar el Gadafi, Juan Carlos se limitó a decir: "Por otro lado, confiamos en que las negociaciones iniciadas al amparo de la Resolución 1754 del Consejo de Seguridad puedan constituir la vía para lograr una solución definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental".

En el caso de Felipe VI, llamó poderosamente la atención que en el discurso de su proclamación ante la Cortes Generales, el 19 de junio de 2014, hiciera referencia a motivos de unión de España con otros pueblos, como la historia y los lazos de afecto y hermandad y, sobre todo, por "nuestra lengua y nuestra cultura compartidas". Pero se refirió a los países iberoamericanos, no al Sáhara Occidental (ni a Guinea Ecuatorial), donde también se habla español aunque lamentablemente cada vez más desplazado por la lengua francesa.

Con anterioridad a esa proclamación de Felipe VI, las asociaciones de amistad hispano-saharaui pidieron en varias ocasiones a los entonces príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia, que recibieran a los niños saharauis que cada verano viajan a España dentro del programa vacaciones en paz. Siempre se les contestó, por supuesto cortésmente, que no era posible por problemas de agenda…

La triste realidad es que, en definitiva, la primera visita oficial de los reyes de España a Rabat del pasado mes de julio, transcurrió sin referencia alguna a la situación de los Derechos Humanos, en contra de lo que habían solicitado a Felipe VI distintas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los DDHH y asociaciones de amistad con el pueblo saharaui.

Días antes del viaje regio a Marruecos, la Liga Española Pro-Derechos Humanos envió a los reyes de España, para que se lo entregasen a Mohamed VI (también de forma infructuosa), el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 4 de julio de 2014 en el que se determina continuar la investigación por el asesinato del saharaui de nacionalidad española Baby Hamday Buyema, ocurrido en El Aaiún en noviembre de 2010.

El presidente de dicha organización, José Alonso Rodríguez, informaba por escrito a Su Majestad que, según la Audiencia Nacional, Naciones Unidas siempre ha considerado a España la Potencia Administradora -de iure y no de facto- del Sáhara Occidental hasta que finalice formalmente el periodo de descolonización. Y agregaba el siguiente párrafo textual de la resolución judicial: "Debe señalarse por último que si por la legalidad internacional un territorio no puede ser considerado marroquí, tampoco puede aceptarse su jurisdicción como fuero preferente del lugar de comisión del delito".

De hecho, la visita de los reyes de España se produjo dos días después de la muerte por disparos del ejército marroquí del saharaui Brahim Budda Ould Taher, en la ciudad de Oum Dreyga, cerca del muro que divide en dos el Sáhara Occidental. Según CEAS-SÁHARA, "desde 2005 trece saharauis han sido asesinados por el gobierno de Marruecos, ante la total impunidad del gobierno marroquí en los territorios del Sáhara Occidental y la cobertura que le brindan los estados francés y español".Poco antes de ese suceso, esta organización se preguntaba si Felipe VI iba a defender ante Mohamed VI los derechos fundamentales de los saharauis, "que tienen la libertad de expresión secuestrada o están presos en cárceles marroquíes". Un requerimiento que muy probablemente don Felipe seguirá sin atender.

La opinión de Willy Meyer, que ha venido siendo desde IU el principal valedor
de la causa saharaui, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo, fue muy negativa al respecto (y también reveladora).  Dijo que Felipe VI en su primera visita oficial a Marruecos no se iba a pronunciar  ante Mohamed VI a favor de los legítimos derechos del pueblo saharaui.

En declaraciones a ElEspíaDigital.Com, antes del viaje de los Reyes a Rabat, Meyer se mostró realmente escéptico sobre la posibilidad de que Felipe VI tuviera un gesto o palabras favorables hacia la población originaria del Sáhara Occidental.

Su posición fue así de clara y pesimista: "La monarquía española está totalmente unida al sátrapa marroquí y, por lo tanto, no espero nada, ninguna reivindicación fuerte, que es lo que tendría que hacer un jefe de Estado. Un jefe de Estado, si fuera republicano, lógicamente tendría que impulsar el cumplimiento del derecho internacional; y en esa visita protocolaria España, como país interesado en la administración de la descolonización, debería pedir y exigir fechas concretas para el ejercicio de la autodeterminación".

Añadió: "Pero esto no va a pasar así, porque la monarquía es hoy fundamentalmente un lobby económico. Esto es en lo que se ha convertido la monarquía en España, con grandes intereses económicos, con grandes fortunas y lo único que pretenderá hacer es que las grandes empresas españolas sigan explotando recursos que no son propiedad de Marruecos, sino de los saharauis...".

Finalmente, deseamos que la 39ª Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui, que se va a centrar fundamentalmente en el papel que debe jugar España en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental y en la obligación de la Comunidad Internacional en imponer el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, constituya un éxito. Y también un firme apoyo en la lucha por la independencia del pueblo hermano que España entregó a Marruecos de forma injusta e indigna, hace casi 40 años y en un tránsito plagado hasta hoy de olvidos y traiciones.

Una de las mayores grandezas de los seres humanos (o racionales), es el privilegio de poder sentir el dolor de la esclavitud y el ansia de libertad. Sólo por esa razón, hay que ser muy mezquinos para no apoyar un Sáhara libre.


FUENTE: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191964