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lunes, 22 de diciembre de 2014

Emails secretos revelan por qué Pedro Sánchez es “prisionero” de la oligarquía

¿Por qué el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se siente miembro de la "casta" política y financiera que ha arruinado España? ¿Qué secretas complicidades oculta? 

La respuesta la dan los emails que Miguel Blesa intercambiaba con sus directivos de Caja Madrid y con los representantes del PSOE en la entidad, reunidos en el libro Pedro Sánchez (PSOE) y sus "compañeros" de la "casta", que lleva como subtítulo "Los correos que relatan como socialistas, UGT, CC.OO. e Izquierda Unida sucumben al poder del dinero". Con 42 años, Pedro Sánchez nada hacía pensar que pese a su juventud ya llevaba recorrida mucha "carrera" política y había conseguido auparse al cargo de consejero de Caja Madrid. La dirección federal y madrileña del PSOE lo habían "ascendido", a pesar de ser un desconocido concejal de la oposición. ¿Por qué? La respuesta la dan nuevamente los correos: Zapatero y Blesa llegaron a entrevistarse en la Moncloa, pero el "día a día" de la entidad que fue a la quiebra lo controlaba su ministro "Pepiño" Blanco. Decenas de correos electrónicos lo evidencian. Cuando les convino, "Pepiño" y el secretario general de la FSM-PSOE, el madrileño Tomás Gómez, pactaron el relevo de Blesa con Esperanza Aguirre y los sindicatos CC.OO. y UGT para darle el cargo a Rodrigo Rato. Y entonces ocurrió lo inesperado: el banquero sorteó el primer golpe porque había comprado a la mayor parte de los socialistas y comunistas de Caja Madrid, tanto en los partidos (PSOE, IU) como en los sindicatos (CC.OO. y UGT). Y ganó la votación.

"Pedro Sánchez ha hecho carrera al calor de José Blanco. Este militante de base es un diputado y antes fue concejal del Ayuntamiento de Madrid. Pero todavía más, es el líder de una Fundación que se constituyó como grupo de presión dentro del PSOE, cuyos otros destacados miembros son Óscar López y Antonio Hernando. El grupo de Pedro Sánchez fue captado por José Blanco antes del 35 Congreso en julio del 2000, en el que Zapatero fue elegido secretario general del PSOE", revela el periodista Luis Santos, ex-trabajador del PSOE que trabajó en el Grupo Socialista del Congreso. Y añade: "El grupo de presión de Pedro Sánchez había querido constituir una candidatura en el 35 Congreso, y protestó ante la Comisión Gestora por la desigualdad de trato. Su programa de entonces era muy regeneracionista, pero se lo guardaron para servir de capitanes en la Ejecutiva de Zapatero. El "feeling" fue grande entre José Blanco y Óscar López, mientras que Rubalcaba utilizaba de alter ego en el Congreso a Antonio Hernando, sobre todo cuando fue titular de la cartera de Interior". Y el análisis se ha cumplido: Hernando es el nuevo portavoz de Pedro Sánchez en el Congreso.

Hay más pruebas: el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), declaró que el secretario de organización del PSOE, José Blanco, le pidió en 2005, a través del concejal socialista Pedro Sánchez, que agilizara la licencia municipal necesaria para unas obras en la sede federal del partido, en la calle Ferraz de la capital. Pedro Sánchez negó haber realizado esa llamada pero Cobo se reafirma: "el concejal socialista Pedro Sánchez me llama y me dice 'mira, perdona que te llame, pero es que Pepe Blanco me pide que, como vamos a hacer obras en Ferraz en verano, quería saber si lo antes posible teníamos la licencia'. Y como mi obligación es igual, sea el PSOE o un ciudadano en una cafetería que te pide una licencia, llamamos por teléfono a ver si se puede agilizar. Lo hacemos siempre, siempre, incluso cuando nos lo pide el PSOE", explicó Cobo.

Pedro Sánchez no sale directamente en los correos de Blesa salvo cuando se hace relación nominal de los consejeros socialistas. Era un anónimo, disciplinado y vulgar concejal que se limitaba a apretar el botón de las votaciones y a cobrar por ello. Sin preguntas, sin alharacas, sin molestar a los poderosos que lo utilizaban ni al partido que lo había colocado. El banco fue a la quiebra y Pedro Sánchez seguía apretando el botón impertérrito, aunque él era de profesión economista y profesor de universidad, por lo que debía al menos intuir lo que pasaba allí, de hecho recibía numerosos informes sobre la situación financiera de la caja. Ni se lo olió. O si olfateó algo, no dijo ni "mu". Tampoco votó nunca en contra, y algunos de sus compañeros sí lo hicieron, según reflejan los emails, pues Blesa era muy quisquilloso con quien no votaba a su favor y quería saberlo.

¿Por qué esa actitud de Sánchez?
Un email puede aclararnos la cuestión: "Por lo que se refiere a los Consejeros Generales, miembros de la Asamblea pero no pertenecientes al Consejo ni a la Comisión de Control, cobran una dieta de 1350 € brutos por reunión (más el regalo, que es importante). Buena parte de ellos, además, son seleccionados por las diferentes 'sensibilidades' para cubrir vocalías en participadas de la Corporación según el cupo cada una conforme al porcentaje de su representación en la Asamblea General (aunque no tienen por que ser Consejeros Generales). En estas participadas (Pensiones, Gesmadrid, Tasamadrid...) la dieta es de 1803,04 € al mes, salvo agosto. Cada vez que se produce una vacante, el Secretario General pide su sustitución directamente al líder de la sensibilidad correspondiente (comentando al Presidente los casos singulares)".

Pedro Sánchez cobró de la "casta" que saqueó Caja Madrid una parte en dinero "más el regalo, que es importante". ¿Cuánto? Nunca lo ha declarado, ni un solo periodista le ha preguntado, ni siquiera el asunto salió en el amañado debate de las "primarias" con sus otros dos oponentes. Piensa el PSOE que los ciudadanos son tontos, que no se enteran, que meten la cabeza debajo del ala, como los avestruces cuando ven peligro. Pero quienes lo hacen son ellos, con el agravante de que Pedro Sánchez no es un avestruz, es un pavo real, el más bello de la fauna. Él es "Pedro el guapo" y precisamente su hedonismo permanente le impide ver el duro sufrimiento que padecen las tres cuartas partes del país, con un paro que es la vergüenza del mundo civilizado o causa la risa de los países limítrofes por pretender erigirse como "modelo económico del crecimiento europeo", como acaba de confesar con perplejidad e ironía el primer ministro italiano Mateo Renzi. Nuestra "casta" ya ha perdido hasta la dignidad exterior y el paciente pueblo español, que no es tan sordo, ciego y estúpido como estas gentes se imaginan, sabrá responderles dentro de apenas 5 meses y medio, pues se barruntan ya las elecciones para el 31 de mayo, el tope legal. Van a aferrarse a los cargos hasta el último día y el último minuto.


Los correos electrónicos son demoledores y los personajes que en ellos figuran son muy relevantes: Zapatero, Pepiño Blanco, Tomás Gómez, Felipe González, Pedro Solbes, Miguel Sebastián, Rafael Simancas... en la primera fila de la política. Pero después los que se lo llevaban "crudo", socialistas de segunda fila, mediocres segundones que decidían con su voto pero que, corrompidos por Blesa, se desmarcaban del partido cuando éste bajaba su pulgar hacia el suelo. La compra del Banco de Miami, la elección de Romero de Tejada, el alcalde de Majadahonda (donde nació la trama Gürtel), la venta de Iberia, los créditos fallidos a Martinsa-Fadesa y a centenares de empresas de amigos, familiares y compañeros de partido, el nombramiento de Rodrigo Rato primero y Goirigolzarri después en Bankia a pesar de su "dudosa moralidad"...

Capitaneados por el desconocido lugarteniente socialista y profesor universitario en Ciencias Políticas de la UNED, Antonio Romero Lázaro (número dos de Rafael Simancas) y el anodino Francisco Pérez Fernández (jefe de gabinete de Simancas), torearon como quisieron en Ferraz a Leire Pajín, que tampoco preguntaba demasiado. Los dos socialistas acumularon importantes créditos con la entidad en los últimos años.

Las cuotas de Romero superan los 40.000 euros al mes, 900.000 euros a devolver en 24 meses con un modesto sueldo de profesor universitario. Suman 1,3 millones de euros sin contar con los 600.000 adicionales suscritos por parientes, según el periodista Carlos Segovia. Y es difícil conocer los demás ingresos de Romero en la caja, porque la entidad no los detalló nunca, pero puede dar una idea del saqueo lo que dice un email solo sobre sus "tarjetas Black" (negro): "los Vicepresidentes, Antonio Romero, Bedia y Baquero tienen una cobertura de 50.000 € al año; los demás de 25.000 €". Por su parte, Francisco Pérez se jactaba de que no le preocupa ser expulsado del partido, porque tenía asegurado un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid que dirigía Gallardón gracias a su larga mano y amistad con Blesa.

Y todos ellos junto al "fontanero" de Felipe González en Moncloa, Ignacio Varela, el incombustible Ramón Espinar, y tantos otros. Ocurrió lo mismo en Andalucía con los entonces presidentes de las cajas de ahorros de San Fernando y El Monte, los militantes socialistas Juan Manuel López Benjumea e Isidoro Beneroso. Y con tantos y tantos otros, tan alejados de la honradez de las bases, mil veces engañadas. "Sabía que contaba con el ok de sus jerarcas, ahora trabaja mano a mano con José Blanco"; "Antonio ha mantenido informado de todo este tema a José Blanco (por vía directa, hablaron ayer mismo) y a Zapatero (por vía de Ignacio Varela y del propio Blanco), que están de acuerdo". No hay excusa alguna ni justificación: Pedro Sánchez no se enfrenta -ni podrá hacerlo nunca- a la "casta" simplemente porque es parte de ella. Y este libro lo evidencia.


FUENTE: ESPÍA EN EL CONGRESO | 22-09-2014

viernes, 24 de octubre de 2014

La pisada del franquismo se enquista

La simbología del régimen de Franco pervive en escudos, calles y cruces en multitud de Ayuntamientos gallegos aunque la ley obligue a retirarlos.


Escudo preconstitucional en el edificio de Aduanas, en Ferroll Vello


A Galicia le está costando agrias polémicas políticas y judiciales borrar de su patrimonio la dolorosa huella de cuatro décadas de franquismo incluso 39 años después de la muerte del dictador. Ni siquiera la Ley de Memoria Histórica (52/2007), que hace siete años dejó claro que las Administraciones públicas están obligadas a retirar cualquier vestigio del régimen preconstitucional, ha puesto fin a una controversia que se reabre cada dos por tres.

Escudos preconstitucionales en la fachada de inmuebles o colegios públicos, placas con el yugo y las flechas, símbolo de la Falange, adheridos a grupos de viviendas o en docenas de fuentes o lavaderos repartidos por toda la orografía gallega y calles que aún llevan el nombre de los militares que armaron el golpe de Estado contra la II República en 1936: General Sanjurjo, Almirante Vierna, Francisco y Salvador Moreno Fernández, son algunos ejemplos frecuentes.

El último caso en alimentar este debate es la Cruz "a los caídos" del monte de O Castro que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se niega a retirar aunque una sentencia reciente se lo ordena. Disconforme con el fallo, el regidor socialista anunció que lo recurrirá hasta donde haga falta para que la cruz franquista se quede donde está. Este ostentoso monolito de piedra, con sus 12 metros clavados en vertical en la falda del monte vigués, lo erigió la Falange para honrar a las víctimas de un solo bando, el nacional, y a su inauguración, en 1961, acudió Franco en persona.

La cruz está en el centro de la pelea administrativa que enfrenta al gobierno con la Asociación Viguesa por la Memoria Histórica, que lleva tres años pugnando para que el Ayuntamiento se pliegue a la ley y la retire. La primera negativa de Caballero a quitar el monolito de O Castro fue una resolución del Gobierno local fechada el 1 de marzo de 2013 que la entidad recurrió en los tribunales. El juez, Antonio Marínez Quintanar, titular del Contencioso número dos de Vigo, les ha dado la razón en una sentencia fechada el 4 de septiembre que ordena al Gobierno local su retirada inmediata. El socialista se resiste aduciendo que es un símbolo religioso sin apellido y limpio de connotaciones fascistas, y vuelve a sintonizar con el PP, su inesperado socio presupuestario, que tampoco ve mayor problema en dejar la cruz en su sitio. Se excusa, Caballero, en el lavado de cara que le hicieron en los ochenta -fue una decisión de la primera corporación democrática en junio de 1981- para retirar los escudos y placas que adornaban la base con loas al régimen. No dice lo mismo la sentencia, que dedica dos de las 19 páginas a analizar la simbología de la cruz y cita el informe pericial del historiador José Ramón Rodríguez Lago, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo, para concluir que su naturaleza es ineludiblemente franquista, además de una "humillación innecesaria y un sufrimiento añadido" para sus víctimas.

La cruz de Vigo no es un caso aislado ni el último rescoldo del franquismo que Galicia tiene pendiente de eliminar aunque probablemente es el más ostentoso de todos los que quedan. El choque entre el Ayuntamiento y las asociaciones de la memoria histórica tienen su réplica en otros municipios gallegos. No hace mucho que Ferrol, ciudad natal de Franco, batallaba con el mismo dilema que Vigo. La Cruz de los Caídos de la plaza de Amboage, en pleno centro urbano hasta 2010, se retiró aprovechando una reforma urbanística y fue uno de los últimos vestigios en salir de un espacio público en una urbe que los tenía por docenas y que aún tiene deberes pendientes en el callejero del Arsenal militar para rebautizar la glorieta del Generalísimo, la avenida Salvador Moreno, la plaza Marqués de Alborán y las calles Carrero Blanco, Honorio Cornejo, Almirante Vierna y Crucero Baleares, que rinden homenaje a los golpistas y las fuerzas que arroparon a Franco para derrocar la II República.

La cruz de Amboage era más pequeña que la de O Castro pero compartía la misma naturaleza falangista y era el blanco favorito de las pintadas independentistas. La polémica quedó empequeñecida por el trasiego que ya supuso, en julio de 2002, quitar la enorme estatua ecuestre de Franco que presidía la entrada a Ferrol por la plaza de España. Se la llevaron en una jaula, entre aplausos y abucheos, y la aparcaron ochos años en la entrada del Museo Naval hasta que el Ministerio de Defensa, en marzo de 2010, se decidió a esconderla dentro de un recinto militar, tapada por una lona, para alejarla de turistas y curiosos que se dejaban caer para hacerse una foto. El Gobierno ferrolano ya retiró el escudo preconstitucional de la escalinata del consistorio y otro más de la biblioteca. Queda pendiente uno que preside la puerta del edificio de Aduanas, en Ferrol Vello. 


A Coruña: la dictadura en 52 huellas

L. B.
A Galicia le está costando agrias polémicas políticas y judiciales borrar de su patrimonio la dolorosa huella de cuatro décadas de franquismo incluso 39 años después de la muerte del dictador. Ni siquiera la Ley de Memoria Histórica (52/2007), que hace siete años dejó claro que las Administraciones públicas están obligadas a retirar cualquier vestigio del régimen preconstitucional, ha puesto fin a una controversia que se reabre cada dos por tres.
Escudos preconstitucionales en la fachada de inmuebles o colegios públicos, placas con el yugo y las flechas, símbolo de la Falange, adheridos a grupos de viviendas o en docenas de fuentes o lavaderos repartidos por toda la orografía gallega y calles que aún llevan el nombre de los militares que armaron el golpe de Estado contra la II República en 1936: General Sanjurjo, Almirante Vierna, Francisco y Salvador Moreno Fernández, son algunos ejemplos frecuentes.
El último caso en alimentar este debate es la Cruz “a los caídos” del monte de O Castro que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se niega a retirar aunque una sentencia reciente se lo ordena. Disconforme con el fallo, el regidor socialista anunció que lo recurrirá hasta donde haga falta para que la cruz franquista se quede donde está. Este ostentoso monolito de piedra, con sus 12 metros clavados en vertical en la falda del monte vigués, lo erigió la Falange para honrar a las víctimas de un solo bando, el nacional, y a su inauguración, en 1961, acudió Franco en persona.
La cruz está en el centro de la pelea administrativa que enfrenta al gobierno con la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica, que lleva tres años pugnando para que el Ayuntamiento se pliegue a la ley y la retire. La primera negativa de Caballero a quitar el monolito de O Castro fue una resolución del Gobierno local fechada el 1 de marzo de 2013 que la entidad recurrió en los tribunales. El juez, Antonio Martínez Quintanar, titular del Contencioso número dos de Vigo, les ha dado la razón en una sentencia fechada el 4 de septiembre que ordena al Gobierno local su retirada inmediata. El socialista se resiste aduciendo que es un símbolo religioso sin apellido y limpio de connotaciones fascistas, y vuelve a sintonizar con el PP, su inesperado socio presupuestario, que tampoco ve mayor problema en dejar la cruz en su sitio. Se excusa, Caballero, en el lavado de cara que le hicieron en los ochenta —fue una decisión de la primera corporación democrática en junio de 1981— para retirar los escudos y placas que adornaban la base con loas al régimen. No dice lo mismo la sentencia, que dedica dos de las 19 páginas a analizar la simbología de la cruz y cita el informe pericial del historiador José Ramón Rodríguez Lago, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo, para concluir que su naturaleza es ineludiblemente franquista, además de una “humillación innecesaria y un sufrimiento añadido” para sus víctimas.
La cruz de Vigo no es un caso aislado ni el último rescoldo del franquismo que Galicia tienen pendiente de eliminar aunque probablemente es el más ostentoso de todos lo que quedan. El choque entre el Ayuntamiento y las asociaciones de la memoria histórica tienen su réplica en otros municipios gallegos. No hace mucho que Ferrol, ciudad natal de Franco, batallaba con el mismo dilema que Vigo. La Cruz de los Caídos de la plaza de Amboage, en pleno centro urbano hasta 2010, se retiró aprovechando una reforma urbanística y fue uno de los últimos vestigios en salir de un espacio público en una urbe que los tenía por docenas y que aún tiene deberes pendientes en el callejero del Arsenal militar para rebautizar la glorieta del Generalísimo, la avenida Salvador Moreno, la plaza Marqués de Alborán y las calles Carrero Blanco, Honorio Cornejo, Almirante Vierna y Crucero Baleares, que rinden homenaje a los golpistas y las fuerzas que arroparon a Franco para derrocar la II República.
La cruz de Amboage era más pequeña que la de O Castro pero compartía la misma naturaleza falangista y era el blanco favorito de las pintadas independentistas. La polémica quedó empequeñecida por el trasiego que ya supuso, en julio de 2002, quitar la enorme estatua ecuestre de Franco que presidía la entrada a Ferrol por la plaza de España. Se la llevaron en una jaula, entre aplausos y abucheos, y la aparcaron ocho años en la entrada del Museo Naval hasta que el Ministerio de Defensa, en marzo de 2010, se decidió a esconderla dentro de un recinto militar, tapada por una lona, para alejarla de turistas y curiosos que se dejaban caer para hacerse una foto. El Gobierno ferrolano ya retiró el escudo preconstitucional de la escalinata del consistorio y otro más de la biblioteca. Queda pendiente uno que preside la puerta del edificio de Aduanas, en Ferrol Vello.


FUENTE: EL PAÍS

jueves, 9 de octubre de 2014

La Memoria Histórica, Rajoy y el Franquismo

El borrón y cuenta nueva que supuso la vegonzosa Ley de Amnistía, convirtiendo a los asesinos en intocables ante la justicia, para nada impide que el daño causado por ellos se repare en la medida de lo posible.


A nadie puede engañar el PP en el tema de la Memoria Histórica. Un año más la ley (LMH) queda sin presupuesto, sin dotación económica en los Presupuestos Generales. Antes de llegar al poder, Rajoy ya anticipó que no iba a dar ni un solo euro para que esta Ley pudiese cumplirse. Ya en 2007, recién aprobada la ley, prometió derogarla cuando llegase al poder, finalmente, de momento, no la ha derogado pero la ha dejado sin presupuesto desde que llegó a Moncloa, que para el caso es lo mismo, y suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, encargada de coordinar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos.

La escusa esgrimida de la situación económica no tiene defensa alguna, máxime si tenemos en cuenta las subvenciones que se dan cada año a "fundaciones" como FAES (758.000 euros) o la Pablo Iglesias del PSOE (405.000 euros). Si lo anterior no es suficiente, por poner otro ejemplo de los muchos que hay, para nada influye la crisis en la donación anual (con dinero de todos) a la Iglesia Católica, una donación con la que con el importe de un solo mes ya se supera el total recibido por la LMH desde 200, en siete años.

Quiero incidir también en mi rechazo total a la repugnante calificación como "ayudas" a las víctimas, de un dinero destinado a cubrir unos gastos de exhumación e identificación que deberían correr íntegramente a cargo del Estado, ya que es el Estado el responsable de hacer justicia y reparar los daños ocasionados por esa España que lo sigue siendo.

Buena parte de la opinión pública se manifiesta en contra de destinar partidas económicas para un asunto al que incluso califican de, no sólo innecesario, sino también de suponer la apertura de unas heridas que deberíamos haber cerrado en 1978. Los que esto predican no se encuentran entre los herederos de las víctimas, la mayoría se encuentran entre los herederos de los verdugos. Cuarenta años tuvo el franquismo para hacer "justicia" a sus víctimas, todas fueron reconocidas y sus herederos y familias debidamente pensionados por el Estado, incluso haciéndoles merecedores de ciertos privilegios de todo tipo. Unas pensiones y unos privilegios que pagamos entre todos los españoles. No parece pues razonable que hoy se obstaculice a los herederos de las víctimas republicanas de la guerra civil y del franquismo al menos la posibilidad de dar digna sepultura a sus antepasados. Hacerlo como lo hace el Partido Popular sí que, desde luego, supone no ya la apertura de heridas, sino aumentar la ya de por sí extrema gravedad de las mismas.


El borrón y cuenta nueva que supuso la vergonzosa Ley de Amnistía, convirtiendo a los asesinos en intocables ante la justicia, para nada impide que el daño causado por ellos se repare en la medida de lo posible. Es más, en dicha Ley, se debería haber incluido el reconocimiento a las víctimas, su localización, exhumación e identificación, que menos a cambio de "archivar" cientos de miles de crímenes. Si me apuran, los llamados padres de la Constitución, teniendo en cuenta de donde veníamos y venimos, bien podrían haber articulado en su texto los derechos de esas víctimas que lo fueron y que lo siguen siendo. Pero no, ni una cosa ni la otra, tuvimos que esperar 30 años desde el perdón oficial a Franco y a los franquistas para que el PSOE sacara adelante la Ley de Memoria Histórica, una ley con muchas carencias y errores pero que al menos promovía, entre otras cuestiones, la dignificación de los injustamente asesinados y hechos desaparecer.

El Partido Popular luchó con todas sus fuerzas para que la LMH no viera la luz, una vez aprobada sigue luchando con todos los medios a su alcance para que no se cumpla, no ya en lo relativo a las exhumaciones sino también en lo que atañe a la provocadora presencia en nuestras calles y edificios de los más rancios símbolos de la dictadura, símbolos que son ilegalmente protegidos por aquellos alcaldes nostálgicos del franquismo que abundan y mucho en las filas del Partido Popular y casos aislados entre los del PSOE como el del alcalde de Vigo.

Desde mi ignorancia jurídica me atrevería decir que el Gobierno que preside Rajoy está cometiendo un delito de prevaricación cuando impide que una ley se pueda desarrollar y cumplir sin más motivos que sus propios intereses. Acudir a la falta de medios económicos es una escusa burda. La dotación inicial que el PSOE fijó para esta ley en 2008 fue de 6 millones de euros, una cantidad que hoy representa escasamente un 0,6% de los presupuestos generales, dotación sobre la que se pueden admitir recortes en base a la situación económica, pero que de ninguna manera dichos recortes pueden ser del 100%.


Una actuación, la del Gobierno de Rajoy, que no puede ser más que el fruto de su vocación franquista, tardofranquista o neofranquista, no hay otra explicación posible. Los organismos internacionales condenan unánimemente que aún hoy en día existan fosas comunes repartidas por toda la geografía española y de forma contundente exigen al Gobierno español que se ponga fin a esta situación. La respuesta del Gobierno ha sido, una vez más, dejar la LMH sin dotación presupuestaria. Para ellos las víctimas republicanas de la guerra civil no existen. Existen para ellos las de ETA, las del 11M..., producto de acciones terroristas, pero no las provocadas por el franquismo en ejercicio de un auténtico terrorismo de Estado que se prolongó durante 40 años, vulnerando desde principio a fin la Declaración Universal de Derecho Humanos.

Ante este nuevo agravio, ¿qué debemos hacer? ¿Callar y padecerlo? Desde 2011 un pequeño grupo de ciudadanos y ciudadanas se reúnen cada jueves en la Puerta del Sol de Madrid manifestándose por la impunidad de los crímenes franquistas, reclamando justicia y reparación para las víctimas, apenas un par de docenas de personas pidiendo justicia para cientos de miles de españoles y españolas. Nadie les hace caso, pero desde sus convicciones y su inalterable memoria saben que son necesarios y necesarias, que son todo un ejemplo moral y así, con su tenacidad, hacen realidad la frase de Bertolt Brecht:
"Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles".
Las calles españolas no exigen que la LMH se cumpla. Hay "mareas" que justamente reivindican derechos y libertades de todo tipo, pero ninguna que reclame la dignificación de los republicanos/as arrojados/as a fosas comunes y cunetas con un tiro en la nuca. La solidaridad con estas víctimas simplemente no existe. Los medios de comunicación callan, los políticos también. Sólo los descendientes de las víctimas luchan a través de las asociaciones para la Memoria Histórica (con mayúsculas), una lucha que ya debería haber terminado y que se presume interminable.

Si las fuerzas políticas de la oposición lo estiman "conveniente" bueno sería que por todos los medios a su alcance forzaran al Gobierno a incluir la dotación para la LMH en los presupuestos que se están debatiendo en el Congreso, no hacerlo les convierte en cómplices de esta, para mí, prevaricación. 


Benito Sacaluga


martes, 9 de septiembre de 2014

Las 50 ideas de Podemos para cambiar España


  • Podemos ha conseguido conectar con el electorado con propuestas como la de una renta básica para todos los ciudadanos "por el mero hecho de serlo" o la rebaja de la jubilación a los 60 años.
  • La candidatura, montada en apenas tres meses, ha logrado cinco escaños en Bruselas.



En apenas tres meses, los fundadores de Podemos articularon un partido político para presentarse a las europeas y montaron un programa "abierto a los ciudadanos". Las propuestas finales fueron seleccionadas de entre las miles recibidas.

El programa se articula en un fuerte rechazo a la "Troika" y la "casta política", en palabras de su líder, Pablo Iglesias, es un proyecto de nacionalización empresarial y en devolver la educación y sanidad a la esfera pública.

Éstas son sus 50 propuestas principales:

1. Los partidos de hoy son una casta que no desea cambiar nada: son un régimen. "Una casta de mangantes que van del consejo de administración a la política", dijo Iglesias en una entrevista en este periódico.

2. Lucha contra la Troika. "Estamos en contra de las decisiones por un triunvirato de la Comisión Europea, el BCE y el FMI que no hemos votado".

3. Fin de la reforma laboral. "Hay que hacer leyes laborales que protejan a los trabajadores y que conduzcan a un aumento de los salarios para poder consumir, apostar por las cooperativas... Así se generaría empleo y riqueza. Pero si se empobrece a la gente con recortes y disminuciones salariales, nadie compra nada" y derogación de la última reforma de las pensiones

4. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de jubilación a 60 años. 

5. Derecho a una renta básica para todos los ciudadanos "por el mero hecho de serlo"Esta renta se financiará a través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal. 

6. Incremento del salario mínimo interprofesional y establecimiento de un salario máximo vinculado proporcionalmente al mínimo.

7. Limitar el encadenamiento de contratos temporales y apostar por los contratos indefinidos.

8. Prohibición de los despidos en empresas con beneficios.

9. Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal.

10. Derecho a disfrutar de una pensión pública no contributiva, de calidad y que garantice una vida decente tras la jubilación, su cuantía igualará como mínimo el salario mínimo interprofesional.


11. Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economíatales como telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración y/o creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal.

12. Supeditación del BCE a las autoridades públicas. 

13. Nacionalización de los bancos: “El sector financiero no puede estar en manos de buitres que sólo quieren forrarse a costa de todo el mundo”

14. Prohibir los paraísos fiscales en los que se mueven buena parte de las empresas del Ibex 35.

15. Impuestos a las grandes fortunas y fiscalidad progresiva sobre la renta.

16. Aumento de los tipos impositivos del Impuestos de sociedades.

17. Recuperación del Impuesto de Patrimonio basándolo en el principio de equidad.

18. Aplicación de un IVA super reducido para bienes y productos básicos. Un nuevo tipo agravado que grave los bienes de lujo entre un 30-35 %.

19. Creación de una Agencia Pública Europea de Rating que sustituya a las tres privadas que hoy determinan la política económica de la UE. Funcionará de acuerdo a criterios democráticos, transparentes e independientes del interés privado empresarial.

20. Derogación del secreto bancario y establecimiento de una norma vinculante para todas las entidades financieras establecidas en Europa que obligue a facilitar a las administraciones públicas toda la información respecto de sus clientes, cualquiera que sea el país en el que operen directamente o a través de filiales.

21. Abolición de todos los privilegios de los parlamentarios. Eliminar la especial protección legal de los ministros y permitir a los tribunales ordinarios procesar a los miembros del gobierno.

22. Endurecimiento de las sanciones del delito fiscal, que se establece a partir de 50.000 euros de cuota defraudada.

23. Implantación de la Tasa Tobin sobre las transacciones financieras. 

24. Ampliación y extensión del uso de las Iniciativas Legislativas Populares en los distintos ámbitos. Ampliación y extensión de la figura del referéndum vinculante, también para todas las decisiones sobre la forma de Estado y las relaciones a mantener entre los distintos pueblos si solicitaran el derecho de autodeterminación.

25. Control y limitación de las actividades llevadas a cabo por los lobbies. 

26. Fin de las puertas giratorias, establecimiento para ello de un plazo mínimo de cinco años y de controles efectivos para que los cargos públicos puedan trabajar en empresas pertenecientes a sectores con los que hayan tenido relación mientras realizaban sus funciones en la administración.

27. Limitación en el ejercicio del cargo no superior a dos legislaturas.


28. Aplicación estricta del principio de incompatibilidad entre el ejercicio de un cargo público y cualquier otra actividad remunerada.

29. Eliminación del privilegio de jubilación con pensión máxima después de 7 años cotizados.

30. Eliminación del aforamiento de los diputados de todas las cámaras y senadores. 

31. Prohibición de acumular cargos públicos (alcalde, senador, diputado, eurodiputado, etc.).

32. Limitación de las subvenciones públicas a los partidos políticos. 

33. Devolución al sector público de todos los centros y hospitales privatizados.

34. Prohibición explícita del copago sanitario y farmacéutico.

35. Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita, dentro de la red pública.

36. Educación pública, gratuita, laica y universal. 

37. Eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada y concertada. Educación gratuita durante la etapa obligatoria.

38. Puesta en marcha de medidas orientadas a garantizar la gratuidad del material escolar de todos los niños y niñas de la Unión en instituciones educativas de ámbito público, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en centros públicos y comedores en colegios públicos para ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a los niños.

39. Limitación de las tasas universitarias y dotación de becas suficientes de movilidad y ayuda al estudio, con el fin de garantizar el acceso a la universidad con independencia de la capacidad económica.

40. Elevar un 200% en 10 años la financiación pública para la investigación en todos sus niveles.

41. Garantía del derecho a una vivienda digna. Dación en pago de carácter retroactivo.

42. Consideración del suministro de luz, agua y calefacción como un derecho básico inalienable, que debe ser garantizado por parte de empresas públicas.

43. Desmilitarización de la guardia costera y disolución de  las fuerzas especiales antidisturbios. Prohibir la presencia de policías encubiertos o con armas de fuego en las manifestaciones y mítines. Cambiar los planes de estudio de los policías para poner énfasis en los temas sociales, como la inmigración, las drogas o la exclusión social.

44. Reducción de la partida presupuestaria destinada al gasto militar para destinarla al sector de la investigación.

45. Garantía del derecho a una muerte digna.

46. Reconocimiento en todos los países del derecho al matrimonio civil, a la adopción y a las técnicas de reproducción asistida para todas las personas, con independencia de su sexo, su identidad de género y su orientación sexual.

47. Prohibición de los CIES y  anulación de los programas contra la inmigración FRONTEX y EUROSUR. Fin de la llamada "Directiva de la vergüenza". Eliminación de las vallas fronterizas anti-persona y poner fin a la política de externalización de las fronteras.

48. Elaboración de directivas europeas y leyes estatales de protección de los derechos de los animales, estableciendo penalizaciones para los actos de maltrato y abandono de los mismos y erradicando cualquier uso de fondos públicos para actividades nocivas contra los animales 

49. Modelo federal de Estado. "Me gustaría que mis amigos catalanes se quedaran con nosotros", dijo en una entrevista con lainformacion.com

50. Reformar la Constitución para garantizar la separación iglesia-Estado.



FUENTE: lainformacion.com

jueves, 7 de agosto de 2014

Alerta roja en el PP: perdería 147 mayorías en la Comunitat de las 303 de 2011

La elección directa de alcaldes de Rajoy: entre "fraude" y "cacicada" según la oposición.

Sería barrido del mapa en comarcas enteras como l'Horta Sud, Nord y Oest si hay pactos entre la izquierda. La reforma de elección directa de alcaldes que quiere aprobar el PP va dirigida a evitar esta sangría en los comicios locales.

VALENCIA. Los resultados de las elecciones europeas celebradas el pasado mes de mayo han disparado la preocupación en los dos grandes partidos, PP y PSOE. El fuerte descenso de respaldo a estas formaciones unido a la irrupción de Podemos, una fuerza política de reciente creación, ha trastocado la hoja de ruta de "populares" y socialistas.

Los primeros, se han lanzado a la yugular de Pablo Iglesias mientras han anunciado a bombo y platillo medidas de supuesta regeneración democrática. En cuanto a los segundos, el batacazo electoral les ha conducido a un cambio de líder con consulta a la militancia y congreso extraordinario incluidos.

Entre las medidas puestas sobre la mesa por el PP, destaca la propuesta de elección directa de los alcaldes. Mariano Rajoy ha incrustado en la agenda política la posibilidad de reformar la ley electoral para que en los comicios locales de 2015 los máximos responsables municipales sean obligatoriamente los que encabezan la lista más votada.

Es decir, bloquear la posibilidad de pactos postelectorales que, generalmente, perjudican las aspiraciones del PP dado que apenas tiene fuerzas políticas con las que aliarse en el ámbito local.

Esta iniciativa podría ser aprobada en el Congreso de los Diputados sólo con los votos de los 'populares', una posibilidad que indigna a las fuerzas de la oposición puesto que consideran que Rajoy pretende cambiar las reglas del juego "en mitad del partido" para "obtener ventaja electoral". "Si lo hace sería un fraude, una cacicada", comenta un diputado socialista, aunque desde el PSOE no han descartado todavía la opción y podrían sentarse a negociar.

Los números, al menos en lo que se refiere al País Valencià, avalan esta tesis del oportunismo de la iniciativa. Extrapolando los datos de las elecciones europeas de mayo de este año a unos comicios locales, el PPCV (el Partido Popular de la Comunidad Valenciana) perdería 147 mayorías absolutas municipales de las 303 que consiguió en 2011. Aunque resulta evidente que son elecciones muy diferentes y los datos son difícilmente comparables, no es menos cierto que indican una tendencia muy preocupante para los 'populares' y así lo demuestra la repentina propuesta para cambiar la manera de elegir a los alcaldes: en política, las causalidades no son habituales.

Analizando los datos por provincias y comarcas, se observa que el PPCV conseguiría mantener una mayoría relativa en buena parte de municipios donde tiene la absoluta, pero quedaría a expensas de posibles pactos de las fuerzas de izquierda. En ocasiones, podría salvar algún consistorio si pactar con UPyD, pero en la mayoría de casos, el tripartito (PSPV, Compromís y EU) podría gobernar aunque también dependería de Podemos en determinadas localidades.

EL PP MANTENDRÍA EL TIPO EN CASTELLÓN, PERO SUFRIRÍA GRAVES PÉRDIDAS EN ALICANTE Y VALENCIA

Así, de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana, el PP logró en 2011 la mayoría absoluta en 303 de ellos. Si los resultados de las europeas se repitieran en las locales de 2015, los 'populares' mantendrían 156 mayorías absolutas y perderían 147. En Alicante, actualmente gobierna 75 ayuntamientos de esta manera, aunque sólo retendría 38 con los resultados de las europeas.

En Castellón, el PP cosechó 93 mayorías absolutas locales, de las que le quedarían 69 con las cifras del pasado mes de mayo. En Valencia, de los 135 consistorios dominados por mayoría absoluta, el PP sólo mantendría 49. En general, los datos muestran que los 'populares' lograrían retener la ventaja en los municipios más pequeños, mientras que en las localidades medianas y grandes sufren una caída que, sumada al ascenso de otros partidos, le hacen perder su hasta ahora posición privilegiada.

Casos llamativos son los de algunas comarcas importantes. En l'Horta Sud y l'Horta Oest, por ejemplo, el PP domina a día de hoy con mayoría absoluta el 50% de los municipios (12). Sin embargo, con los resultados de las europeas sólo resistiría Llocnou de la Corona como bastión 'popular'. Perdería la absoluta en Torrent, aunque la oposición necesitaría no sólo de un tripartito para gobernar, sino que además debería sumar a UPyD o Podemos para ello.

Aunque los 'populares' también perderían la absoluta en Sedaví, Catarroja o Paiporta, el tripartito debería unirse y además atraer a Podemos para superar al PP. También perdería otro municipio importante como es Paterna, donde podría gobernar el tripartito.



Tampoco hay buenas perspectivas para el PP en l'Horta Nord analizando los datos de las europeas. De las 12 mayorías absolutas conseguidas en 2011, pasaría a no lograr ninguna. En general, el PP ganaría las elecciones en muchos municipios de esta comarca, pero estaría a expensas de pactos de la izquierda. Significativo es el caso de municipios importantes como Moncada, donde un gran pacto de varios partidos de la oposición podría relegar al PP.



Otra de las comarcas donde el PP perdería el control de varias alcaldías es L'Alacantí. Pasaría de media docena de mayorías absolutas a no conseguir ninguna, aunque podría salvar la capital pactando con UPyD.



POBLACIONES GRANDES Y MEDIANAS EN RIESGO PARA EL PP

Provincia de Alicante. Varias localidades de relevancia donde los 'populares' ostentan mayoría absoluta pasarían a relativa. Así, perdería esta condición en Elda y Novelda, aunque ésta última podrían 'salvarla' si llegara a un acuerdo con UPyD, una situación similar a la que ocurriría en Crevillente y Santa Pola.

En Elche, por el contrario, siempre según los datos de las europeas, Podemos tendría la llave para hacer saltar al gobierno del PP. En parecidas circunstancias quedaría Torrevieja, donde PSPV, IU y Podemos podrían alcanzar un acuerdo para desalojar a los 'populares'.

Provincia de Castellón. El PP sí aguantaría el tipo en un buen número de municipios pequeños, aunque evidenciaría dificultades en los de mayor tamaño. Retendría la mayoría absoluta en Segorbe y Peñiscola, en lo que se refiere a municipios emblemáticos. Podría perder Benicarló, Burriana y la propia capital, Castellón de la Plana, si se produjera un pacto de PSPV, Compromís, EU y Podemos. En la Vall d'Uixó, el municipio de la secretaria general del PPCV, Isabel Bonig, los 'populares' perderían también la mayoría absoluta, aunque podrían mantener la alcaldía si llegaran a un acuerdo con UPyD.

Provincia de Valencia. Además de las comarcas citadas anteriormente, el PP también sufriría pérdidas importantes en diversas localidades. En Xàtiva, municipio donde es alcalde el presidente de la Diputación y líder provincial del PP, Alfonso Rus, sería gobernada por el tripartito si se decidieran a pactar.

En Genovés, localidad donde es alcalde el vicesecretario de Organización del PPCV y mano derecha de Rus, Emili Llopis, también se perdería la mayoría absoluta y sería necesario para el PPCV un acuerdo con UPyD.




Los 'populares' también perderían la mayoría absoluta en Requena y Utiel, aunque los datos señalan que las fuerzas de izquierda deberían formar pactos con Podemos o partidos independientes. Otro municipio donde el PP perdería la mayoría absoluta es en Alzira, donde el tripartito podría pactar con UPyD o Podemos, una situación que también se daría en Algemesí. Condiciones similares se producirían en Gandia, donde el PP no podría gobernar aunque pactara con UPyD si se concentraran las fuerzas de PSPV, EU, Compromís y Podemos. 

En cuanto a la capital, Valencia, el PP pasaría de 20 concejales a 12, el PSPV perdería uno, de ocho a siete, UPyD sacaría cuatro, los mismos que Esquerra Unida, mientras que Compromís y Podemos lograrían tres ediles. Así pues, al PP no le alcanzaría un acuerdo con UPyD en el caso de que convencieran a la formación magenta, por lo que podría producirse un gran pacto entre las fuerzas progresistas.

En definitiva, y aunque extrapolar los resultados de las europeas a las locales no resulta un test ni mucho menos infalible, el panorama que se presenta para los 'populares' es de gran inseguridad ante su descenso de apoyo y el crecimiento de otras formaciones. La única manera de asegurar las localidades grandes y medianas en la Comunitat Valenciana, así como en otras regiones, pasa por una reforma de la ley como la que Rajoy está proponiendo. Falta por ver si el PSOE, con su nuevo líder Pedro Sánchez al frente, entrará en el juego o, si no es así, el presidente del Gobierno se arriesga a tomar una decisión de ese calibre de manera unilateral.


FUENTE: Valencia Plaza

martes, 15 de julio de 2014

TERROR EN LA CASTA ESPAÑOLA, PODEMOS HABRÍA SUPERADO EN INTENCIÓN DE VOTOS AL "PSOE" Y SUMADOS CON LOS DE "IU" SUPERARÍA AL "PP".

El Diario El País esconde su sondeo de METROSCOPIA de junio ante el imparable crecimiento de Podemos; he allí los ataques furibundos del Partido Popular a Pablo Iglesias en su "Escuelita" de verano.

El diario El País decidió no publicar, en su edición en papel, su habitual sondeo electoral, realizado por Metroscopia, este mes de junio. ¿La razón? PODEMOS es ya la fuerza con una mayor intención de voto declarado, así como la que más margen de crecimiento tiene. Además, según estimaciones realizadas, superaría al PSOE en voto, y la suma de PODEMOS+IU sería ya la primera fuerza electoral, superando incluso al PP. ¿Se entienden ahora mejor los ataques del PP, El País y El Mundo a PODEMOS, verdad?

El misterio del sondeo desaparecido de Metroscopia. Esta empresa sondea mensualmente para el barómetro de El País; sin embargo, el sondeo de junio no ha aparecido, ¿por qué? Una publicación que escondieron en El País tanto como pudieron rebela que sí se hicieron las preguntas pero que decidieron no publicar estimaciones de voto y esconder los resultados por ser demasiado "sorprendentes". Al igual que en el del GESOP, Metroscopia daba a PODEMOS la primera posición en intención de voto decidida. No sólo eso, sino que también era el partido menos "odiado", es decir el que más potencial de crecimiento tenía. Incluso la propia tabla que se adjunta no está exenta de manipulación ya que ponen a PODEMOS los últimos cuando son los que mejores resultados tienen.

Lo curioso de las encuestas es que si, antes de las europeas le daban a la suma PP+PSOE un 60% del voto, ahora les dan un 50% penalizando sobre todo al PSOE y empecinándose en mantener al PP en el 30%. Habida cuenta que en las europeas sacaron entre los dos un 49% y el PP poco más de un 25%, es muy probable que ahora, con toda la subida de PODEMOS, PP+PSOE estén realmente en torno al 40% y el PP por debajo del 25%. El PSOE estaría por debajo del 20% y habría sido superado ya por PODEMOS que estaría por encima del 20%; ésta es la realidad de la situación y el motivo por el que ocultan los resultados reales.

La estimación ponderada en el foro de sondeos de electomanía realizada por diversos aficionados a las encuestas nos da una estimación aproximada de la situación de voto real que no dan los medios:

PP............................. 26,5%
PODEMOS................... 21,5%
PSOE......................... 17,5%
UPyD.........................   6,2%
IU.............................   5,9%
Otros......................... 22,3%

Fijarse que PODEMOS+IU sería un 27,7%, superando incluso al total del voto del PP ya. IU habría además perdido un 5% de su voto en favor de PODEMOS. Eso es lo que ahora mismo están dando todos los sondeos internos en las casas socialistas y populares, y de ahí que esté cundiendo el pánico en la casta. Siguen ocultando lo que ocurre porque saben que si dieran las auténticas estimaciones la PASOKización del PSOE se aceleraría aún más. 


Publicado por Abogados Progresistas de España | 15/07/2014